"El desarrollo de los biocombustibles está condicionado por los intereses de la refinación del petróleo"

La consolidación de los biocombustibles en Argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por la preeminencia de una política energética enfocada en los hidrocarburos y la falta de consensos internos dentro de la propia cadena agroindustrial. Ante el vencimiento de los marcos regulatorios previos y la vigencia de la Ley 27.640, el sector demanda una nueva legislación equilibrada que permita superar el estancamiento de los porcentajes de mezcla obligatoria. El avance hacia normativas más ambiciosas no solo promete reducciones en el impacto ambiental y mejoras en los indicadores de salud pública, sino que también representa una herramienta clave para el arraigo productivo y la generación de empleo en las economías regionales, siendo Tucumán una de ellas en el caso del azúcar para la elaboración de bioetanol.

Al analizar la evolución del sector bajo el marco normativo actual sancionado en 2021, el contador y especialista Claudio Molina, quien fue uno de los precursores de la primera ley en la materia (foto inferior), detalló las diferencias entre los porcentajes nominales y el consumo real en los surtidores: "Desde el punto de vista teórico, el contenido obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, aunque en la práctica apenas supera el 6%. Incluso hubo momentos durante 2023 en los que el corte efectivo no llegó al 4%", indicó en declaraciones al diario Clarín.

En cuanto al bioetanol, Molina especificó que el corte obligatorio se ubica en un 12%, repartido equitativamente entre los sectores de la caña de azúcar y del maíz, con un esquema de compensación mutua ante eventuales faltantes de oferta. No obstante, el especialista remarcó el peso histórico que ejerce el sector de los combustibles fósiles en la toma de decisiones oficiales: "Lo que se observa es que el desarrollo de los biocombustibles ha estado permanentemente condicionado por los intereses de la refinación de petróleo. Basta recordar que en 2021 el corte obligatorio de biodiésel fue reducido del 10% al 5%, y apenas un año después, cuando se produjo una fuerte crisis de abastecimiento de gasoil, el Gobierno tuvo que volver a elevarlo al 7,5% y habilitar cortes transitorios."

A la hora de explicar los obstáculos para definir una política de Estado a largo plazo, Molina apuntó de manera directa hacia el concepto de "captura del regulador", señalando que la fisonomía del mercado de refinación local —donde YPF sostiene una posición dominante— incide directamente sobre los organismos de control.

Asimismo, rechazó los argumentos de la Secretaría de Energía que supeditan la viabilidad de las energías renovables a los picos de cotización del crudo internacional. Para Molina, evaluar la actividad bajo criterios contables tradicionales ignora las externalidades de la industria: "Los biocombustibles generan externalidades positivas en materia de salud pública, reducción de emisiones y desarrollo regional. Del mismo modo, los combustibles fósiles generan costos ambientales y sanitarios que rara vez son incorporados a la ecuación económica. Por eso sostengo que existe una cuenta incompleta."

Con cinco iniciativas parlamentarias bajo análisis en el Senado, Molina ponderó el proyecto impulsado por la Liga Bioenergética de Provincias (de la cual Tucumán forma parte) como la alternativa más equilibrada para fomentar un incremento progresivo de los cortes, resguardando al mismo tiempo el entramado de las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, puntualizó que mientras el bioetanol muestra un alto nivel de concertación, el debate principal se concentra en el biodiésel y los alcances de la Ley 27.640, la cual excluyó a las grandes aceiteras exportadoras del abastecimiento del mercado interno: "A mi entender esa exclusión no se ajusta a las disposiciones del artículo 14 de la Constitución Nacional, porque impide el ejercicio de una actividad legal . Sin embargo, tampoco sería razonable pasar de un extremo al otro y permitir que los grandes actores absorban completamente el mercado. Lo importante es encontrar un equilibrio."

Compatibilidades técnicas y salud

El analista precisó que el segmento interno es cubierto actualmente por unas 25 firmas no integradas, cuyas inversiones y puestos de trabajo dependen de la regulación de la competencia frente a los siete grupos económicos que concentran más del 94% de la molienda de soja. Respecto a las críticas referidas al impacto en las arcas públicas de las propuestas de exención, Molina contrastó los números:

"El año pasado la Oficina de Presupuestos del Congreso estableció un costo fiscal para el proyecto de ley de Alejandra Vigo (senadora de Córdoba) de US$ 180 millones. Pero al mismo tiempo, el Estado está asumiendo hasta ahora, desde el último cuatrimestre del 2019, US$ 12.000 millones por la postergación del ajuste trimestral por IPC-Indec de las alícuotas del impuesto a los combustibles y dióxido de carbono."

Finalmente, el especialista identificó un cambio de tendencia favorable en las terminales automotrices frente a tecnologías como los motores flex fuel y remarcó la necesidad de ampliar los criterios de la discusión legislativa más allá de los despachos comerciales.

"Muchas veces se habla de emisiones de carbono, pero se deja de lado algo igualmente importante: la salud de las personas. Los gases de escape del gasoil generan impactos negativos muy significativos sobre la salud pública. Respecto de la discusión por el nivel de competencia, vale la frase de Willy Brandt: 'Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario'."