Riesgo hídrico: El Gobierno ordena desalojar a familias que ocupan terrenos en márgenes del Río Salí

El Gobierno de Tucumán avanzó con un operativo para intimar el desalojo de ocupaciones irregulares detectadas en los márgenes del Río Salí, en el sector sudoeste del puente Puente Lucas Córdoba, una zona considerada de alto riesgo hídrico.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía de Estado, en conjunto con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección de Catastro, y se enmarca en el plan de “tolerancia cero” a las usurpaciones de tierras fiscales impulsado por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, con asesoramiento de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone.

Según explicó el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, la medida responde a actuaciones administrativas que constataron la existencia de construcciones emplazadas dentro de la línea de ribera y en una franja catalogada como zona de riesgo. “Se trata de edificaciones que comprometen la seguridad de las personas y sus bienes, además de afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico provincial”, señaló.

En el operativo participaron también el director de Catastro, Alejandro Navarro; los funcionarios Hugo Vitale (Fiscalía) y Juan Pablo Occhipinti (DPA); y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes procedieron a realizar las notificaciones correspondientes a los ocupantes.

El contexto no es menor. Durante todo el verano, las intensas y reiteradas tormentas registradas en la provincia incrementaron el caudal del Río Salí y reavivaron la preocupación por posibles desbordes, especialmente en sectores donde existen viviendas precarias asentadas sobre la ribera.

Las crecidas repentinas representan un riesgo concreto para las familias que habitan en esas áreas, muchas de las cuales se encuentran dentro de la línea de inundación. Durante la madrugada de este miércoles, el agua comenzó a socavar el terreno de un sector del barrio Las Piedritas y, horas después, parte de una precaria vivienda se desprendió y cayó al cauce.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que las acciones buscan preservar la seguridad de las personas, proteger el espacio público y prevenir situaciones de emergencia ante eventuales crecidas, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental.