El oficialismo busca aprobar en el Senado la reforma de Glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Noticias Argentinas difundió que con un escenario legislativo favorable, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La sesión comenzará a las 11 y también incluirá el tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

Para el viernes, en tanto, fue convocada una nueva sesión en la Cámara alta destinada a debatir los proyectos de reforma laboral y del régimen penal juvenil, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.

Ratificación del acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea estaba inicialmente previsto para la sesión del viernes, pero el Gobierno decidió adelantar su tratamiento ante la aceleración del proceso de ratificación en Uruguay.

La Casa Rosada busca convertirse en el primer país del bloque en aprobar el tratado, bajo la premisa de posicionarse con ventajas comerciales frente a otros socios regionales que compiten en los mismos mercados internacionales.

El oficialismo considera asegurados los votos necesarios, aunque se prevé que el interbloque peronista conducido por José Mayans vote dividido, replicando lo ocurrido previamente en Diputados.

El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción durante una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei junto a sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no participó del acto.

El tratado, considerado uno de los mayores acuerdos comerciales birregionales del mundo, aún requiere instancias de revisión institucional dentro del Parlamento Europeo antes de su plena entrada en vigencia.

Según sus impulsores, permitirá reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y eliminar barreras para bienes industriales europeos, incluyendo productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas. El entendimiento prevé la conformación de una zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de consumidores y cerca del 20% del PBI mundial.

Debate por la reforma de la Ley de Glaciares

El oficialismo también buscará avanzar con la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, aunque en las últimas horas surgió un proyecto alternativo impulsado por senadores de la Unión Cívica Radical que limita las facultades provinciales para definir áreas protegidas.

Fuentes parlamentarias indicaron que continúan intensas negociaciones para evitar que las diferencias frustren la aprobación de la iniciativa durante la sesión.

La reforma constituye un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en contar con un marco normativo más flexible que facilite inversiones mineras y energéticas.

Dentro del peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, no se descartan posiciones diferenciadas de legisladores vinculados a provincias mineras, como Lucía Corpacci y Sergio Uñac.

Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como la propuesta radical buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas del ambiente periglacial para permitir actividades económicas en áreas que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

La iniciativa oficial introduce el concepto de formas periglaciares diferenciando aquellas que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas de aquellas aptas para el desarrollo económico, lo que implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría automáticamente vedado a la explotación.

La normativa vigente desde 2010 protege tanto glaciares como formaciones periglaciares —ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua dulce— fundamentales para la regulación hídrica y ambiental.

El proyecto mantiene la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero habilita inversiones en áreas sin función hídrica comprobada. Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo coordinación de la Secretaría de Energía.

Entre las actividades prohibidas continúan incluidas aquellas que alteren de manera relevante la condición natural de los glaciares, como la liberación de contaminantes, obras de infraestructura o explotaciones mineras e hidrocarburíferas, mientras que seguirán permitidas investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados.

La principal diferencia entre las iniciativas radica en que el proyecto oficial otorga mayor participación a las provincias —en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales— mientras que la propuesta radical concentra la autoridad técnica en el IANIGLA.

El debate genera fuerte respaldo de provincias mineras e hidrocarburíferas, pero también un amplio rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la Iglesia, que advirtieron que una flexibilización normativa podría implicar una regresión ambiental incompatible con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú.