Horarios, distancias y viento: qué establece el nuevo protocolo de quema controlada de caña

La discusión sobre el uso del fuego en la cosecha cañera volvió a instalarse este año en Tucumán cuando pequeños productores y minifundistas plantearon durante el acto de inicio de zafra del ingenio La Trinidad las dificultades económicas y operativas que enfrentan para avanzar hacia sistemas de cosecha en verde. Aquellos reclamos derivaron en la elaboración de un protocolo técnico impulsado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), que busca ordenar y restringir las quemas controladas mientras se desarrollan alternativas productivas para el sector.

El documento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, parte de una definición clara: la quema no constituye una solución definitiva sino una herramienta transitoria para determinados productores. El protocolo sostiene expresamente que busca "dar una solución temporal a un problema socio-ambiental de la provincia, hasta que se encuentren soluciones técnicas y productivas a la cosecha de caña de azúcar de pequeños cañeros y minifundios de la provincia de Tucumán".

Entre sus objetivos centrales aparecen la reducción de las emisiones de humo y ceniza, la protección de la salud pública y la prevención de situaciones de riesgo en rutas, escuelas, hospitales y aeropuertos. En ese sentido, el texto remarca que se pretende "minimizar el impacto ambiental y sobre la salud pública de las emisiones de humo y ceniza generadas durante la quema".

Distancias y horarios bajo estricta regulación

Uno de los aspectos más importantes del protocolo es la creación de franjas de exclusión donde la quema queda prohibida. No podrá realizarse a menos de 1.000 metros de zonas urbanas, escuelas, hospitales y aeropuertos; a menos de 100 metros de rutas nacionales y provinciales asfaltadas; ni a menos de 500 metros de áreas protegidas, parques o sectores de vegetación natural como yungas y bosques nativos.

El documento pone especial énfasis en la seguridad vial y sanitaria. "El humo sobre rutas nacionales y provinciales puede ser causa de accidentes fatales por pérdida de visibilidad", advierte el protocolo, que además prohíbe expresamente las quemas cuando el viento se dirija hacia las calzadas o hacia establecimientos educativos y sanitarios.

Otro de los ejes centrales es la denominada inversión térmica, un fenómeno frecuente durante el invierno tucumano que impide la dispersión vertical del humo y favorece su desplazamiento horizontal a grandes distancias. Según el estudio, estas condiciones suelen presentarse durante las primeras horas de la mañana y nuevamente al final de la tarde.

La ventana de quema se reduce a cinco horas

Como consecuencia de ese comportamiento atmosférico, el protocolo define que el horario óptimo para realizar quemas se concentra entre las 10.30 y las 15.30. Antes de las 9 y después de las 17 la práctica queda desaconsejada debido a la presencia de inversión térmica, mientras que las franjas intermedias quedan sujetas a verificación técnica de las condiciones del ambiente.

Además, para autorizar una quema deberán cumplirse parámetros meteorológicos estrictos: vientos de entre 8 y 25 kilómetros por hora, dirección estable durante toda la operación y una humedad relativa ubicada entre el 30% y el 55%. Si el viento cambia y comienza a dirigirse hacia una zona sensible, el protocolo establece una orden taxativa: "extinguir inmediatamente".

El procedimiento también obliga a los productores a planificar cada operación, elaborar mapas de los lotes, identificar áreas sensibles dentro de un radio de 20 kilómetros y notificar con al menos 48 horas de anticipación a Bomberos, Defensa Civil o la Policía. Además, considera que ha finalizado la quema cuando hay ausencia de humo durante el menos una hora.

El protocolo fue presentado en la Legislatura en un encuentro que contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de pequeños productores cañeros. De esta manera, el instructivo intenta compatibilizar la realidad productiva del sector con la necesidad de reducir el impacto ambiental y social de una práctica que desde hace años genera debate en la provincia.