Vargas Aignasse salió a defender su proyecto y desde el entorno de Acevedo ya ponen reparos

El debate sobre el proyecto de ley que busca combatir la violencia digital en Tucumán volvió a instalarse en el centro de la escena política luego de que el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse difundiera un comunicado en defensa de la iniciativa y rechazara las acusaciones de censura formuladas por distintos sectores políticos, periodísticos y sociales.

Bajo el lema "Defendemos la libertad de expresión. No la de la mentira", el parlamentario peronista sostuvo que existe una interpretación errónea sobre el alcance de la propuesta y remarcó que todavía no existe ninguna ley aprobada.

"No existe ninguna ley aprobada sobre esta materia. La iniciativa se encuentra en trámite legislativo y forma parte del análisis parlamentario que llevan adelante las comisiones correspondientes", expresó.

Asimismo, cuestionó que algunos sectores atribuyan una decisión institucional a un expediente que todavía no llegó al recinto. "En Tucumán ninguna ley se aprueba por decisión individual de un legislador ni por el dictamen de una comisión. Las leyes las aprueban los 49 legisladores que integran la Honorable Legislatura", afirmó.

La polémica tomó fuerza meses atrás, especialmente tras las críticas formuladas por dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el diputado nacional Gerardo Huesen, quienes denunciaron que la iniciativa podría convertirse en una herramienta para limitar voces críticas y restringir la libertad de expresión.

Un proyecto que genera resistencia y que podría no avanzar

Uno de los principales argumentos utilizados por Vargas Aignasse para defender la propuesta es que el dictamen incorporó una cláusula que excluye expresamente a los funcionarios públicos de la posibilidad de utilizar esta herramienta judicial.

Según explicó, gobernadores, vicegobernadores, legisladores, intendentes, concejales, ministros, secretarios y demás funcionarios jerárquicos no podrán invocar esta normativa.

"La crítica política está protegida. La opinión está protegida. La actividad periodística está protegida", sostuvo.

Sin embargo, el propio texto del proyecto continúa despertando cuestionamientos debido a la amplitud de su ámbito de aplicación.

La iniciativa establece que la futura norma será aplicable a "contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea".

Ese apartado es uno de los puntos que mayor debate genera entre especialistas y sectores vinculados a la comunicación, ya que advierten que, aun cuando los funcionarios estén excluidos como beneficiarios de la herramienta, la posibilidad de intervenir judicialmente sobre contenidos publicados en diarios digitales y plataformas de comunicación podría abrir una zona gris respecto a la libertad de prensa y la circulación de información de interés público.

En paralelo, comenzó a emerger una posición política que podría resultar determinante para el futuro de la iniciativa.

Según pudo saber Tendencia de Noticias, desde el entorno político del vicegobernador Miguel Acevedo se encargaron en las últimas horas de transmitir un mensaje claro: no acompañarán ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico. Si bien por ahora evitaron realizar declaraciones públicas sobre el tema, puertas adentro dejaron entrever que la iniciativa, en las condiciones actuales, difícilmente avance y podría correr la misma suerte que muchos otros expedientes legislativos que nunca llegan a ser tratados en el recinto.

La discusión, además, dejó expuesta otra crítica que comenzó a circular dentro del ámbito político y periodístico tucumano: la velocidad con la que avanzó este expediente en comparación con otras iniciativas consideradas prioritarias para fortalecer la calidad institucional. Mientras el proyecto sobre violencia digital obtuvo rápidamente un dictamen favorable en comisión, la provincia sigue sin contar con una Ley de Acceso a la Información Pública y tampoco prosperaron proyectos vinculados a la Ética Pública y la transparencia estatal.

De hecho, diversos sectores recuerdan que los funcionarios provinciales presentan, presuntamente, sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Fiscalía de Estado, pero esos documentos no son públicos ni pueden ser consultados por los ciudadanos. Esa falta de acceso a la información vuelve a instalar un debate de fondo: cuáles son las verdaderas prioridades legislativas y si la política debería primero avanzar sobre herramientas que permitan fortalecer los mecanismos de control ciudadano sobre la gestión pública.

El proyecto propone incorporar la denominada "Medida Cautelar Digital Urgentísima" dentro del Código Procesal Penal de Tucumán, permitiendo que cualquier persona que considere afectados sus derechos pueda acudir a la Justicia y obtener una resolución en un plazo máximo de seis horas.

Entre las facultades previstas se encuentran la eliminación del contenido cuestionado, su desindexación en motores de búsqueda y la preservación de pruebas digitales.

Como mecanismo de resguardo, el dictamen también incorporó un denominado "candado normativo", que obliga a los jueces a rechazar cualquier pedido cuando exista una duda razonable respecto a que el contenido denunciado constituya una opinión, una crítica o información de interés público.