Llevan al Consejo de la Magistratura una denuncia contra el camarista Mario Leal por presunto tráfico de influencias

El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Rodolfo Leal, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación luego de que avanzara la investigación penal que derivó en el procesamiento del abogado Luis Alejandro Ontiveros, acusado de presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas.

La presentación fue realizada por el abogado Juan Andrés Robles, representante de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, y solicita que el organismo encargado del control disciplinario de los jueces federales investigue la eventual responsabilidad del magistrado en una serie de hechos que, según sostiene, podrían comprometer los deberes de independencia, imparcialidad e integridad exigidos para el ejercicio de la función judicial.

El escrito toma como punto de partida las pruebas incorporadas en la causa que instruye el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Según la denuncia, esos elementos no sólo respaldan las acusaciones contra Ontiveros sino que también permiten inferir una posible participación o conocimiento por parte de Leal de las maniobras investigadas.

Uno de los ejes centrales de la presentación apunta a los vínculos existentes entre el entorno del camarista y el abogado procesado. Robles sostiene que la esposa de Ontiveros, Solana Casella, se desempeña como relatora de Leal, mientras que dos hermanos del imputado trabajan como secretarios privados en la vocalía del magistrado. Para el denunciante, esa estructura configura una relación de cercanía funcional y familiar que merece ser investigada.

La denuncia también vincula estos antecedentes con una causa por presunto lavado de activos que involucra a Jerónimo Martínez Parada, hijo del denunciante. Según el planteo, determinadas resoluciones adoptadas por la Cámara Federal de Apelaciones adquieren una nueva dimensión a la luz de la investigación sobre Ontiveros, ya que podrían haber estado atravesadas por factores externos ajenos al proceso judicial.

Entre las evidencias citadas aparecen registros extraídos del teléfono celular del abogado procesado. Allí se habrían encontrado anotaciones que mencionan credenciales informáticas asociadas a la Cámara Federal y referencias específicas a expedientes judiciales. Para la querella, esos elementos sugieren que Ontiveros contaba con acceso a información reservada a pesar de no intervenir formalmente en las causas.

El escrito destaca especialmente una captura de pantalla correspondiente a un documento alojado en un sistema interno del Poder Judicial de la Nación. Según la denuncia, la imagen fue obtenida desde un entorno digital restringido y las pericias informáticas determinaron que fue tomada dentro del edificio donde funcionan los juzgados federales y la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Otro de los aspectos señalados son anotaciones que, de acuerdo con la interpretación de la querella, reflejarían la existencia de un circuito económico vinculado a las gestiones atribuidas a Ontiveros. En esos registros aparecen referencias a repartos de dinero, ganancias y menciones al camarista, a quien el abogado procesado identificaba en distintas oportunidades como “papá”.

La presentación también menciona un episodio ocurrido en abril de 2025, cuando la causa vinculada a la situación procesal del hijo del denunciante se encontraba bajo análisis de la vocalía de Leal. Según Robles, existen evidencias de que Ontiveros asistió a una reunión clave trasladado en un vehículo oficial asignado al magistrado, hecho que la querella relaciona con las presuntas negociaciones investigadas.

Además, se señala que una billetera virtual perteneciente a Leal habría estado asociada al número telefónico utilizado por Ontiveros y que en el dispositivo del abogado se encontraron referencias directas al camarista, junto con información sensible y credenciales de acceso.

Con esos elementos, el denunciante sostiene que las maniobras atribuidas a Ontiveros no habrían sido hechos aislados, sino parte de una estructura destinada a influir sobre decisiones judiciales mediante el uso de información privilegiada y contactos dentro del Poder Judicial. Por ese motivo, pidió al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias o conductas incompatibles con el cargo por parte del integrante de la Cámara Federal de Apelaciones.