VÍA NAVEGABLE TRONCAL
Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la privatización al consorcio Jan De Nul-Servimagnus
Concluida la revisión sobre el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, el Ministerio de Economía anunció que la propuesta de la compañía belga se impuso por sobre la oferta de Deme
La unión conformada por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, fueron preadjudicadas para el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía.
El Gobierno desestimó la propuesta de la firma DEME y declaró “inadmisible” la oferta de la brasileña DTA Engenharia durante el proceso de licitación para la privatización de la vía.
Jan De Nul, que operó el dragado de la Hidrovía durante los últimos 30 años, proyecta una inversión de U$S 10.000 millones y una facturación de U$S 15.000 millones. A diferencia de etapas anteriores, la compañía se presenta ahora junto a Servimagnus, luego de haberse distanciado de su antiguo socio, Emepa, involucrado en la causa judicial de los “Cuadernos de las coimas”.
Servimagnus, fundada en 2006 por Ricardo Román, es una compañía privada con capital 100% argentino que se especializa en infraestructura portuaria, dragado y servicios logísticos. En la nueva sociedad, la empresa local tendrá una participación minoritaria y estará encargada de tareas como el balizamiento, la gestión ambiental, el control de derrames y la implementación de tecnología de navegación inteligente.
El proceso licitatorio estuvo rodeado de cuestionamientos por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En 2024, el organismo advirtió sobre “graves irregularidades”, incluyendo la falta de estudios de impacto ambiental actualizados y fallas en la evaluación técnica, y recientemente emitió un nuevo dictamen señalando posibles direccionamientos en el proceso, el cual fue remitido a la justicia federal.
A pesar de las observaciones de la PIA, el proyecto avanza hacia la adjudicación definitiva. Mientras Jan De Nul mantiene una trayectoria global en obras marítimas de envergadura, el contrato también contempla la resolución de una deuda pendiente de U$S 35 millones generada tras la contratación estatal directa de la empresa iniciada en 2022.
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