DEUDA EXTERNA
El Senado de la Nación dio media sanción al pago de U$S 171 millones a dos fondos "buitres"
La Cámara Alta dio media sanción al acuerdo con Bainbridge y Attestor por reclamos vinculados al default de 2001. Los diputados deberán tratarlo antes del 30 de junio.
El Senado de la Nación aprobó en la tarde del jueves, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), para cancelar una deuda de U$S 171 millones con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos de los últimos holdouts que mantienen litigios contra Argentina, por el default de 2001.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 22 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo.
La propuesta busca ratificar los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado argentino, con acreedores que quedaron fuera del arreglo firmado en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
El entendimiento ya había sido homologado en marzo por la jueza estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
¿Cómo se repartirán los U$S 171 millones?
El acuerdo contempla una quita superior al 30% respecto de los montos reclamados por los acreedores.
Según los términos negociados por el Gobierno, Argentina deberá pagar U$S 67 millones a Bainbridge Ltd. y U$S 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y miembro informante del proyecto, defendió la iniciativa y aseguró que permitirá cerrar los principales litigios pendientes.
"Uno de los fondos ya tiene una sentencia favorable por 96 millones de dólares y la entrega de acciones de YPF. El otro grupo acumuló 16 sentencias entre 2020 y 2024 por 465 millones de dólares más intereses", explicó.
Monteverde sostuvo que el acuerdo "es conveniente y legal" porque obliga a los fondos a desistir de nuevas acciones judiciales y evita interferencias en futuras operaciones de financiamiento del país.
Además, destacó que la propuesta representa una reducción superior al 30% sobre los montos reclamados y evita nuevos costos asociados a litigios internacionales.
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