Echan a un cabo del Servicio Penitenciario condenado por un robo agravado cometido junto a policías

El Gobierno de Tucumán dispuso darle de baja a un cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que fue condenado por la Justicia a ocho años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en 2023. La decisión quedó plasmada en el Decreto N° 1.336/7 (SES), publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se da por concluido el sumario administrativo iniciado tras la detención del agente y se ordena su desvinculación definitiva de la fuerza.

La medida, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, alcanza a Ariel Gustavo Aráoz, quien se desempeñaba como cabo del Servicio Penitenciario Provincial. En el artículo segundo del decreto, el Poder Ejecutivo establece: "Dispónese la exoneración del señor Ariel Gustavo Araoz, DNI N° 35.548.083, Cabo del Servicio Penitenciario Provincial, prevista en el artículo 20 inciso a) del Decreto N° 994/14 (SSG)-1981".

Según surge de las actuaciones administrativas, la investigación interna comenzó en junio de 2023 luego de que el Servicio Penitenciario recibiera una comunicación judicial informando que Aráoz había sido sometido a prisión preventiva por tres meses en una causa por robo agravado.

El expediente, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, señala que el sumario administrativo fue ordenado mediante la Resolución N° 620/23 de la Dirección General del Servicio Penitenciario. Entre las pruebas incorporadas figuran publicaciones periodísticas sobre el hecho, la declaración del propio agente —quien manifestó su decisión de abstenerse de declarar— y distintas resoluciones judiciales vinculadas a la causa penal.

La investigación administrativa quedó suspendida hasta que se resolviera el proceso judicial. Una vez conocida la sentencia condenatoria, el expediente fue reactivado y avanzó hacia la aplicación de una sanción disciplinaria.

En los considerandos del decreto se recuerda que la Justicia resolvió "condenar a Ariel Gustavo Aráoz por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de Robo triplemente agravado por ser cometido por el uso de arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada, en poblado y en banda, y por ser ejecutado por miembros integrantes de la fuerza policial y del servicio penitenciario, a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo".

La condena corresponde a un hecho ocurrido el 8 de marzo de 2023 y constituye el elemento central que motivó la decisión administrativa adoptada por el Poder Ejecutivo.

El decreto destaca que la Dirección General del Servicio Penitenciario, una vez concluido el sumario, solicitó formalmente la exoneración del agente al considerar que se encontraba alcanzado por una de las faltas más graves contempladas en el régimen disciplinario.

En ese sentido, el texto oficial señala que Aráoz incurrió en la conducta prevista por el artículo 20 inciso a) del Decreto N° 994/14 (SSG)-1981, que establece como causal de exoneración la "condena judicial por delitos comunes".

Además, el Ejecutivo remarca que durante la tramitación del expediente se respetaron todas las garantías legales. "En su instrucción, se observaron las reglas que hacen al debido proceso legal y a la garantía de defensa del inculpado", sostiene el decreto, aunque aclara que el agente no ejerció su derecho a formular un descargo durante la etapa correspondiente.

Tras analizar las pruebas reunidas, el Gobierno concluyó que la sanción resultaba procedente. "Se encuentran suficientemente analizadas las probanzas reunidas en el presente sumario que acreditan que el Cabo Ariel Gustavo Aráoz fue condenado penalmente por un delito común, conducta pasible de exoneración", expresa el texto.

Más adelante, el decreto agrega que "corresponde disponer la exoneración del Cabo Ariel Gustavo Araoz en atención a la falta grave cometida y con ajuste a los hechos y al derecho antes señalados".

La medida contó con el aval de la Asesoría Letrada del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Fiscalía de Estado, organismos que intervinieron durante la tramitación del expediente administrativo.

Finalmente, el gobernador resolvió clausurar la investigación administrativa y formalizar el despido del agente para poner fin a su vínculo con el Servicio Penitenciario Provincial como consecuencia de la condena penal que pesa en su contra. Idéntica decisión se adoptó con respecto a los policías implicados, cuyos datos todavía no trascendieron.