Taxistas redoblan la presión sobre la Municipalidad y exigen más controles a los autos de aplicación

En medio del debate por una nueva actualización tarifaria, los taxistas volvieron a movilizarse este martes al Concejo Deliberante y aprovecharon la discusión para elevar la presión sobre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El reclamo ya no pasa únicamente por el valor de la bajada de bandera, que conforme a lo votado en el recinto pasará a valer $ 1.200 y la ficha cada 100 metros a $ 120, lo que representa una actualización de aproximadamente un 33%. Ahora el sector exige que los conductores que trabajan con Uber, Didi y otras plataformas se inscriban en los registros oficiales, cuenten con permisos y queden sometidos a los mismos controles que rigen para taxis.

La protesta coincidió con la sesión en la que los concejales analizaron el incremento de la tarifa y estuvo encabezada por referentes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, quienes plantearon que existe una competencia desigual y cuestionaron la falta de respuestas por parte del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA) y del Departamento Ejecutivo municipal.

"Hoy no sabemos cuántos choferes son, no sabemos qué autos son. Acá tienen que llamar a los socios conductores para darle un permiso o algo para que puedan trabajar en cualquier aplicación, y de esa forma sancionar al que no cumpla con la normativa y también a las aplicaciones que no estén registradas como corresponde", reclamó Julio Rodríguez, referente de la Federación.

Según el dirigente, más de 800 vehículos vinculados al sector tradicional se presentaron a las inspecciones obligatorias convocadas por el Municipio, pero advirtió que la falta de controles sobre las plataformas genera desconfianza entre los trabajadores. "Los compañeros dicen: ¿para qué pagamos?, ¿para qué nos inscribimos?, ¿para qué protestamos?, si los otros trabajan y no pagan nada", resumió.

La ofensiva del sector se produce en un momento complejo para la actividad. Los taxistas aseguran que la caída en la demanda, sumada al avance de las aplicaciones, deterioró la rentabilidad y obligó a aceptar una readecuación tarifaria que consideran insuficiente. Aun así, Rodríguez relativizó el impacto del aumento y apuntó contra los valores dinámicos que aplican algunas plataformas, como quedó en evidencia este martes a la hora en que Argentina enfrentaba a Austria por el Mundial de fútbol. "Ayer a la hora del partido un viaje que el taxi cobraba $3.000, las aplicaciones lo estaban cobrando $20.000 o $30.000. Ahí se ve la importancia de tener un marco regulatorio", sostuvo.

Pero el planteo central del sector está puesto en la necesidad de que los conductores de aplicaciones se incorporen a un sistema formal. Desde la Federación afirman que nunca buscaron prohibir esas plataformas, sino que proponen que quienes trabajan a través de ellas obtengan una licencia municipal y queden sujetos a las mismas exigencias que los taxistas. "Están invitados todos los socios conductores para obtener una licencia. Nosotros queremos que todos estemos dentro de un marco legal y en igualdad de condiciones", afirmó Rodríguez.

Reclamo y advertencia

El dirigente también elevó el tono de sus cuestionamientos y pidió una intervención directa de la intendenta Rossana Chahla. "La intendenta tiene que llamar a los funcionarios y preguntar si es que nosotros no hemos colaborado para que esta ordenanza llegue a su fruto. Hemos acompañado y de la misma forma exigimos respuestas", sostuvo.

En ese marco, Rodríguez lanzó una polémica advertencia vinculada con la seguridad. El referente recordó el caso de Paulina Lebbos y sostuvo que no se debe esperar a que ocurra "algo grave" para avanzar con mayores controles. "Esto es un descontrol. No queremos que pase otro caso como el de Paulina Lebbos. Después vamos a buscar culpables", señaló.

La mención remite al crimen que conmocionó a Tucumán en 2006 y que derivó en cambios profundos en la regulación del transporte de pasajeros. Ahora, con la expansión de las aplicaciones y el crecimiento de miles de conductores que operan por fuera del sistema tradicional, los taxistas buscan reinstalar el debate sobre la identificación de vehículos y choferes, la trazabilidad de los viajes y la responsabilidad del Estado municipal en los controles.