Benjamín Paz y Delfín Gallo bajo la lupa: qué dice el informe nacional sobre el sistema penitenciario tucumano

La inauguración de los complejos penitenciarios de Benjamín Paz y Delfín Gallo fue presentada por el Gobierno de Tucumán como uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas para enfrentar la crisis de alojamiento de personas privadas de la libertad. Sin embargo, el Informe Anual 2025 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) muestra que, lejos de cerrar el debate, la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades abrió una serie de interrogantes sobre las condiciones de detención y el respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario provincial.

El documento, presentado este mes por el organismo nacional, destaca que Tucumán fue una de las provincias que más incrementó su capacidad penitenciaria durante el último año tras la habilitación de los complejos penitenciarios de Benjamín Paz y Delfín Gallo, en el marco de una tendencia nacional orientada a ampliar la infraestructura carcelaria frente al crecimiento sostenido de la población encarcelada.

Sin embargo, el CNPT advierte que la construcción de nuevas cárceles no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del sistema. "La ampliación de la red de alojamiento carcelario no fue acompañada por otras vías complementarias para el control de la sobrepoblación", señala el informe, que cuestiona además el uso extendido de la prisión preventiva y la escasa aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento.

Según el documento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, a diferencia de otras jurisdicciones, Tucumán fue objeto de inspecciones específicas durante 2025. El CNPT realizó una visita extraordinaria en enero y regresó nuevamente en noviembre para verificar el cumplimiento de recomendaciones formuladas previamente.

Según el organismo, la primera inspección tuvo como objetivo "constatar las condiciones de detención de las personas trasladadas desde comisarías a los nuevos complejos penitenciarios de Benjamín Paz y Delfín Gallo". La intervención se produjo luego de que el Comité recibiera denuncias de familiares y organizaciones sociales sobre presuntos actos de tortura y malos tratos durante los traslados e ingresos a las nuevas unidades penitenciarias.

El informe es contundente al fundamentar las razones de esa visita. "El CNPT recibió denuncias de familiares y organizaciones sobre posibles actos de tortura durante los traslados e ingresos a las unidades. Asimismo, se advirtió sobre regímenes que vulneran los estándares de trato, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de las personas detenidas", sostiene el documento.

La preocupación del organismo no se limitó a aquella inspección. El Comité volvió a Tucumán entre el 3 y el 6 de noviembre de 2025 debido a la persistencia de las observaciones realizadas meses antes.

El informe explica que la nueva visita estuvo motivada por "la continuidad de las irregularidades registradas desde enero y el fallecimiento de una persona en la unidad penal de Benjamín Paz, ocurrido bajo condiciones sobre las que ya había alertado el CNPT".

Qué denuncian los presos

Uno de los capítulos más sensibles del informe refiere a los testimonios relevados por el organismo durante sus inspecciones.

El CNPT afirma haber identificado denuncias sobre ingresos especialmente violentos a los nuevos establecimientos penitenciarios inaugurados en Tucumán.

Según el reporte, personas privadas de libertad señalaron haber sido obligadas a permanecer durante largos períodos de pie, bajo altas temperaturas, mientras recibían órdenes estrictas y amenazas por parte de agentes penitenciarios.

El documento agrega que algunos detenidos denunciaron haber sido trasladados posteriormente a sectores sin videovigilancia donde habrían sufrido agresiones físicas.

Entre las prácticas descriptas aparece el denominado "plaf-plaf", una modalidad de golpes simultáneos sobre los oídos, además de golpes de puño y latigazos.

Para el Comité, estas denuncias forman parte de una serie de prácticas que fueron registradas en distintos puntos del país y que presentan características reiteradas y sistemáticas. El informe sostiene que los testimonios recopilados durante los últimos años permiten identificar modalidades de violencia institucional que se repiten en diferentes jurisdicciones.

Conflicto por los mecanismos de control

Otro aspecto que adquiere relevancia política dentro del informe es el conflicto institucional entre el Gobierno provincial y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLP).

El CNPT sostiene que la situación del organismo tucumano se agravó durante 2025 y denuncia obstáculos para el desarrollo de sus funciones.

"La falta de integración por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial continúa siendo utilizada como argumento para desconocer el mandato de los representantes de las ONG en funciones y para obstaculizar su labor", afirma el documento.

El organismo agrega que a integrantes del mecanismo local "se les ha impedido acceder a centros de detención, entrevistar a personas privadas de libertad y obtener documentación".

La controversia escaló durante la visita realizada en enero a Benjamín Paz y Delfín Gallo. Según el informe, el Servicio Penitenciario impidió el ingreso de representantes del mecanismo local que habían sido convocados formalmente por el propio CNPT para integrar la inspección. El episodio derivó en una denuncia ante la Justicia Federal y en una investigación para determinar eventuales responsabilidades.