La Provincia multó a Galicia Seguros por realizar cobros no autorizados a un jubilado

El Gobierno de Tucumán, a través de sus organismos de control, aplicó una sanción económica superior a los 5,5 millones de pesos contra la firma Galicia Seguros S.A.U., tras comprobarse el cobro irregular de servicios a un jubilado municipal. La medida se fundamenta en la transgresión de las normas que impiden facturar prestaciones que el usuario no solicitó formalmente. En este marco, el Estado provincial ratificó su postura de aplicar con rigor la Ley de Defensa del Consumidor, advirtiendo que la responsabilidad de demostrar la legalidad de un contrato recae exclusivamente en las empresas, quienes deben presentar documentación respaldatoria con firma manuscrita para validar cualquier débito.

La investigación administrativa llevada adelante por la Dirección de Comercio Interior confirmó que a Arturo Washington Lencina se le descontaron tres seguros de vida de manera automática sin que mediara una aceptación escrita. Ante esta situación, el director del área, Manuel Canto, fue tajante al señalar la invalidez de estas prácticas: "El silencio no es aceptación, y es inadmisible imponer un servicio esperando que el usuario reclame para frenar un débito automático".

El organismo subrayó que, ante la ausencia de una rúbrica que certifique la voluntad del cliente, no existe un vínculo contractual legítimo. Por este motivo, la multa impuesta ascendió exactamente a $5.505.913,40.

Una de las sucursales de la firma en nuestra Capital.

Desde la repartición oficial se hizo un llamado directo a las familias de los adultos mayores para que actúen como una red de contención y vigilancia. Se instó a hijos y nietos a examinar minuciosamente los recibos de haberes y resúmenes bancarios para detectar posibles filtraciones de dinero en conceptos opacos. “Es fundamental controlar cada descuento. Muchas veces estos cargos pasan inadvertidos y afectan directamente el ingreso de nuestros jubilados”, advirtieron desde la institución.

El organismo recordó que el Estado tucumano ofrece canales de denuncia para intervenir de oficio y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente cuando se detectan cobros indebidos.

La resolución del caso busca sentar un precedente sobre el respeto a los derechos de los consumidores en la provincia. Al concluir el proceso administrativo, Canto reafirmó la voluntad política de proteger a los ciudadanos frente a los abusos corporativos. “Con los jubilados no. En Tucumán la ley se cumple, y quien la viola pagará las consecuencias administrativas y jurídicas. Primero los tucumanos", sentenció el funcionario.