El Ejecutivo tucumano busca regular la labor de docentes de apoyo para evitar "prácticas más segregadoras que inclusivas" en estudiantes con discapacidad

El Poder Ejecutivo de Tucumán elevó a la Legislatura un proyecto de Ley de "Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad" que propone una reforma integral del acompañamiento escolar obligatorio. La iniciativa, que lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo (foto inferior), tiene como eje central la reorganización del Servicio de Inclusión Escolar para garantizar que los estudiantes reciban los apoyos necesarios bajo un Modelo Social de la Discapacidad, priorizando siempre la autonomía del alumno. El proyecto busca dar un salto cualitativo al incorporar formalmente a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la Planta Orgánica Funcional (POF) de los establecimientos, asegurándoles los beneficios del Estatuto del Docente (Ley N° 3.470) y eliminando la carga económica de las familias, quienes ya no deberán contratar apoyos privados ni recurrir a la vía judicial para obtener este servicio.

El fundamento de la ley propone abandonar la mirada médica tradicional para centrarse en un paradigma inclusivo que concibe las diferencias individuales "no como un problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje". Bajo este enfoque, la normativa pone límites a la figura del acompañante permanente o "maestro sombra", advirtiendo que su presencia constante puede ser contraproducente. Según el texto del proyecto, "este tipo de intervenciones comporta el riesgo de generar prácticas más segregadoras que inclusivas", ya que pueden limitar el desarrollo personal del estudiante y su capacidad para enfrentar desafíos de forma autónoma. Al respecto, se cita que la permanencia de estos profesionales debe regularse para evitar que la intervención "se transforme en una barrera para la adquisición del aprendizaje y la participación".

La reforma también aborda la situación laboral de los actuales "Maestros Integradores", quienes hoy mantienen relaciones contractuales anuales fuera del sistema docente y deben facturar honorarios sin percibir aguinaldo ni vacaciones. El proyecto propicia que estos agentes pasen a tener una designación con carácter interino, "rigiéndose por el Estatuto del Docente de la Provincia (Ley N° 3470), dando garantía a todos los beneficios laborales que corresponden" en igualdad de condiciones con el resto del plantel. Esta medida asegura que el Estado asuma el costo de la inclusión de manera "automático y en gratuidad provista por la provincia", liberando a los padres de trámites burocráticos y gastos externos.

En cuanto a la estrategia pedagógica, la ley define a la Autonomía Progresiva como un bien protegido, entendiendo que la independencia de los niños respecto de los adultos debe crecer con el tiempo. Para ello, el docente de apoyo deberá trabajar en corresponsabilidad con el docente de aula, implementando estrategias de diversificación curricular que no anulen la posibilidad de producción del alumno. El proyecto es claro al señalar que "con el modelo social, la mirada pasa a estar en los contextos más que en el individuo", asumiendo que es la sociedad la que crea y genera las barreras a la discapacidad.

Finalmente, la propuesta legislativa contempla la derogación de la Ley N° 9.575, sancionada en agosto de 2022. Aquella norma, vigente hace menos de cuatro años, disponía la garantía de derechos para personas con necesidades especiales y obligaba a los establecimientos a incorporar proyectos de inclusión, pero basaba el proceso en informes de equipos que podían ser privados y garantizaba los servicios de apoyo "durante todo el tiempo que resulte necesario", sin la regulación específica de autonomía y el encuadre en la planta orgánica escolar que propone la nueva normativa. Con la iniciativa propuesta ahora, Tucumán busca alinearse definitivamente con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, poniendo al estudiante en el centro del proceso educativo.