UATRE Tucumán se suma al paro de la CGT y endurece su postura frente a la Reforma Laboral

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Tucumán confirmó que se adherirá al paro general convocado por la CGT para este jueves, en rechazo al proyecto de Reforma de Modernización Laboral que se debate en el Congreso de la Nación. Así lo indicó el secretario general del gremio en la provincia, Germán Ferrari, en diálogo con Tendencia de Noticias. Sostuvo que la iniciativa “no contiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores” y cuestionó puntos que, según advirtió, afectarían de manera directa al empleo rural.

Ferrari explicó que, en Tucumán, la adhesión se concretará con el cierre de todas las seccionales del sindicato en la provincia, que son más de 23. En ese marco, aclaró que no habrá movilización debido a que UATRE ya participó recientemente de dos marchas: una el 29 de enero, organizada únicamente por el gremio, con más de 1.500 trabajadores frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, y otra en el marco de la movilización convocada por la CGT la semana pasada.

Según detalló, la medida de fuerza tendrá un impacto acotado en la producción rural, ya que todavía no comenzó la temporada fuerte de cosecha en Tucumán. En este sentido, explicó que la convocatoria al paro alcanzará principalmente a los trabajadores permanentes, ya que las actividades temporarias más relevantes aún no se encuentran en plena marcha. “La cosecha no ha empezado todavía”, remarcó.

El dirigente precisó que UATRE nuclea en Tucumán alrededor de 45.000 trabajadores rurales, aunque sólo unos 9.000 pertenecen a planta permanente. Se trata de personal que realiza tareas durante todo el año, como mantenimiento de fincas, fumigación, labores con maquinaria agrícola, trabajos en empaques o actividades vinculadas a la producción de granos. “Es un porcentaje inferior, pero son quienes sostienen la actividad durante todo el año”, explicó.

Preocupación por la Reforma Laboral

En cuanto al proyecto de reforma laboral, Ferrari manifestó preocupación por varios puntos del articulado, aunque puso el foco en la eliminación de la responsabilidad solidaria, un mecanismo que actualmente permite reclamar judicialmente no sólo al contratista sino también a la empresa principal que utiliza la mano de obra. En el caso del sector citrícola, señaló que muchas veces los trabajadores están tercerizados, por lo que un eventual despido podría terminar en un reclamo únicamente contra empresas contratistas sin capacidad real de pago. “Son oficinas alquiladas, SRL armadas por los mismos empresarios. ¿A quién le cobrás el juicio?”, planteó.

Otro aspecto que cuestionó es la licencia por enfermedad y el recorte salarial. Si bien el oficialismo ya reconoció el error en el proyecto, el artículo 44 sigue generando polémica. Según Ferrari, la reforma parte de la idea de que el trabajador podría abusar del sistema, pero en la práctica terminaría generando un escenario en el que el empleado tenga temor de realizar actividades normales por miedo a sanciones o a perder derechos. “El fin es que el trabajador vaya a trabajar enfermo”, advirtió, y apuntó a que el empresariado prioriza la rentabilidad por encima del bienestar del personal.

Finalmente, Ferrari criticó la ampliación del período de prueba, que podría extenderse a ocho o incluso diez meses, según lo que se debate en el Congreso. Para el gremio, esto representa un riesgo concreto en actividades temporarias como la citrícola, donde un trabajador podría necesitar varias temporadas para alcanzar estabilidad laboral. En ese marco, alertó que las empresas podrían recurrir a maniobras para evitar antigüedad, como rotación permanente o cambios de contratistas, lo que profundizaría la precarización. “El período de prueba es una trampa”, afirmó.