El oficialismo apuesta a que el Senado vote el acuerdo con la UE antes de que termine febrero

Mientras en Europa todavía se aguardan definiciones judiciales sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un proceso que podría extenderse durante varios meses, el Gobierno argentino decidió acelerar los pasos internos para que el pacto pueda entrar en vigencia apenas quede habilitado. La estrategia oficial apunta a evitar demoras administrativas y dejar encaminada la ratificación parlamentaria.

En ese marco, durante la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”, en la misma sesión en la que también se votó la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo un respaldo contundente: 203 votos afirmativos, 42 negativos y ninguna abstención.

El debate mostró posiciones claramente enfrentadas. Desde La Libertad Avanza, la diputada Juliana Santillán defendió el tratado al señalar que representa una señal de confianza en el comercio internacional como motor de desarrollo y empleo. En sintonía, el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba destacó que el acuerdo abriría un mercado de más de 700 millones de personas y permitiría comerciar de forma preferencial con una porción significativa de la economía global.

Sin embargo, algunas voces alertaron sobre riesgos estructurales: Eduardo Falcone (MID) consideró que el acuerdo es relevante para el desarrollo, pero advirtió que podría profundizar la primarización de la oferta argentina si no se acompañara con políticas propias.

Con el respaldo obtenido en Diputados, ahora el oficialismo busca que el Senado trate tanto el acuerdo Mercosur-UE como la Ley Penal Juvenil en la última semana de febrero. Según fuentes del Ejecutivo, ya comenzaron las conversaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas para reunir los votos necesarios y concentrar ambas definiciones en el tramo final de las sesiones extraordinarias.

La Casa Rosada pretende que Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el pacto, incluso mientras en Europa persisten cuestionamientos sobre el mecanismo de reequilibrio y su impacto en la autonomía regulatoria de la Unión Europea.