CRA pidió que las exigencias ambientales no se traduzcan en menores precios

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) llevó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, su preocupación por la implementación de VISEC y las exigencias vinculadas al Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea. La entidad pidió que los productores puedan elegir cómo acreditar el cumplimiento de los requisitos ambientales y advirtió sobre mayores cargas administrativas y posibles descuentos en el precio de su producción.

Del encuentro participaron el presidente de CRA, Carlos Castagnani; el vicepresidente, José Ignacio Colombatto; y el delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina. Los dirigentes plantearon que todas las plataformas reconocidas deben poder operar en igualdad de condiciones, sin que los frigoríficos o compradores condicionen la elección del productor.

VISEC es una plataforma argentina de trazabilidad socioambiental que trabaja con las cadenas de la soja y la ganadería bovina. Mediante un sistema de monitoreo, reporte y verificación, reúne información documental y georreferenciada para acreditar el origen de la producción y sus atributos ambientales, sociales y legales. Se presenta como un esquema destinado a facilitar el acceso a los mercados internacionales.

El Reglamento 2023/1115, también conocido como EUDR, establece condiciones para comercializar en la Unión Europea determinadas materias primas y sus derivados, entre ellas ganado bovino, soja, café, cacao, caucho, palma aceitera y madera. Exige demostrar que los productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que fueron producidos conforme a la legislación del país de origen. Para ello, contempla mecanismos de trazabilidad y declaraciones de debida diligencia.

Según el cronograma europeo vigente, las obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores y comerciantes medianos y grandes, y el 30 de junio de 2027 para las micro y pequeñas empresas. La adaptación a estas condiciones explica el desarrollo de herramientas que permitan documentar el origen de los productos argentinos destinados a ese mercado.

En ese marco, la entidad rural aclaró: “CRA no está en contra ni a favor de una plataforma en particular”. Su cuestionamiento se concentra en el funcionamiento del sistema. Según sostuvo, la implementación actual suma trámites, costos y exigencias burocráticas a productores que ya deben cumplir numerosas obligaciones administrativas.

CRA también expresó preocupación por que los compradores utilicen la certificación ambiental como una condición para aplicar descuentos al productor. La entidad sostuvo que cumplir con los requisitos de los mercados internacionales no debería sumar costos y, al mismo tiempo, reducir el precio recibido. Por el contrario, planteó que la producción sostenible debería obtener un pago adicional.

“Si se habla de premiar la producción sostenible, ese reconocimiento debe traducirse en un adicional sobre el precio de mercado y no en un descuento”, afirmó la organización. Con ese criterio, reclamó una solución que simplifique los procedimientos, garantice la libertad de elección y preserve el valor de la producción argentina.