Rumbo a la licitación nacional: el plan de Jaldo y Chahla para refundar el transporte en Tucumán

La crisis del transporte público en Tucumán forzó una alianza estratégica entre la Casa de Gobierno y la Intendencia de San Miguel de Tucumán, cuyo objetivo final es desplazar el actual esquema de parches financieros por una solución de fondo: una licitación pública nacional. El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla coincidieron en que el sistema requiere una cirugía mayor que incluya la renovación de unidades, la optimización de recorridos y un control estricto de la eficiencia, en un escenario donde el Estado nacional desapareció como financista del sector.

La estrategia para normalizar el servicio contempla medidas inmediatas y de largo plazo. Mientras se estudia la llegada de nuevos operadores mediante la licitación, el Ejecutivo provincial, como lo adelantara Tendencia de Noticias, ya envió a la Legislatura un proyecto para prorrogar la Emergencia del Transporte Público hasta el 31 de mayo de 2028, con posibilidad de extenderse hasta 2030. Esta herramienta legal es considerada vital por Jaldo: “Cuando el transporte se paraliza, la provincia también se detiene: afecta la educación, la salud y el comercio. Por eso, el objetivo es sostener esta emergencia para garantizar el servicio”, fundamentó el mandatario.

Esta normativa permite al Estado intervenir ante el aumento desmedido de costos en combustible y salarios, además de facultar el otorgamiento de subsidios condicionados al mantenimiento de las fuentes de trabajo. En paralelo, Chahla destacó que el abordaje debe ser metropolitano para ser efectivo. “El transporte no es solo de la Capital, es metropolitano, y sin una mirada integral no va a funcionar”, advirtió la intendenta, quien ya trabaja en diagnósticos para mejorar frecuencias y reducir costos operativos sin castigar el bolsillo del usuario.

La transición hacia un modelo más eficiente se da en medio de una asfixia financiera sin precedentes. Solo en el mes de abril, la Provincia inyectó $4.900 millones para compensar la eliminación de los subsidios nacionales. Por su parte, el municipio capitalino desembolsa mensualmente unos $1.600 millones, asumiendo incluso costos que antes cubría la Nación, como los beneficios sociales de la tarjeta SUBE.

Desde el sector empresarial, representado por AETAT, califican la situación como "límite". Jorge Berretta, vicepresidente de la cámara, advirtió que "si no se contemplan los costos, el sistema no cierra", subrayando que el endeudamiento privado ha llegado a su techo. Ante esto, el Gobierno reafirma que la asistencia mensual desde el Tesoro Provincial busca “amortiguar el impacto de la quita de subsidios nacionales” y asegurar una prestación mínima esencial.

Hacia un servicio de calidad

Pese a las dificultades, el compromiso oficial apunta a elevar el estándar de calidad. Jaldo reconoció las falencias actuales —unidades deterioradas y bajas frecuencias— pero insistió en que el esfuerzo conjunto permitirá revertirlas. “Hoy la Nación ya no aporta esos recursos, y la responsabilidad recae únicamente en la Provincia y los municipios”, explicó para contextualizar por qué la licitación nacional es el camino para profesionalizar el sistema.

Finalmente, Chahla subrayó la importancia de cuidar la fibra social del sector: “Tenemos que evaluar cada situación, garantizar condiciones dignas y ser cuidadosos en cada decisión”, concluyó la jefa municipal, marcando que la eficiencia del futuro servicio no debe lograrse a costa de los derechos laborales de los trabajadores.