La Justicia se corre del centro de la disputa y deja abierta la puerta a Pagani

La discusión por la re-reelección del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, sumó este jueves un capítulo determinante, aunque lejos de clausurar la polémica: la Justicia federal decidió no intervenir en el fondo del conflicto y desestimó la acción presentada por sectores opositores que pretendían bloquear una eventual tercera postulación.

En una sentencia firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, el Juzgado Federal N°2 resolvió rechazar la demanda impulsada por los candidatos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes habían solicitado una declaración de inconstitucionalidad para impedir que Pagani pudiera competir nuevamente en las elecciones universitarias de este año.

El fallo, sin embargo, no convalida ni descarta la posibilidad de una nueva candidatura del actual rector. Por el contrario, evita pronunciarse sobre esa cuestión de fondo. El argumento central del magistrado es formal: no existe aún un “caso” concreto que justifique la intervención judicial, ya que Pagani no había oficializado su candidatura al momento de la presentación.

En ese sentido, el juez consideró que el planteo se apoyaba en una hipótesis y no en un acto administrativo efectivo. La eventual postulación del rector -señala la resolución- surgía de trascendidos y declaraciones públicas, pero no de una decisión formal que alterara las reglas del proceso electoral.

Ese vacío, concluye el fallo, impide habilitar la vía de la acción declarativa. Sin acto concreto, no hay conflicto jurídico actual; sin conflicto, no hay intervención posible de la Justicia. La demanda fue rechazada por falta de legitimación y ausencia de un caso, en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Pero el fallo también deja latente la tensión. Los actores que impulsaron la demanda sostienen que los artículos del nuevo estatuto limitan a dos mandatos consecutivos la posibilidad de ejercer el rectorado, y que una nueva candidatura violaría ese principio. Del otro lado, la universidad argumenta que no corresponde aplicar retroactivamente esas restricciones.

La Justicia, por ahora, se corre de ese debate. Deja en claro que no es el momento procesal para definirlo, pero no dice cómo debe resolverse.

En ese silencio jurídico se abre, justamente, el desenlace político. Si Pagani decide finalmente competir, el conflicto podría reactivarse con un escenario distinto: ya no sobre hipótesis, sino sobre un hecho consumado. Y entonces sí, la discusión podría volver a tribunales.