La Cámara de Casación ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, con el objetivo de cubrir el monto que la Justicia determinó que debe ser restituido al Estado en el marco de la causa Vialidad por delitos de corrupción.

La medida también alcanza a decenas de propiedades vinculadas a otros condenados en el expediente, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus compañías. En total, la resolución judicial contempla la ejecución de más de 80 inmuebles pertenecientes al conjunto de los implicados.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes dispusieron avanzar en el proceso de decomiso de activos para recuperar los fondos que la Justicia consideró desviados mediante la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La decisión se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de seis años de prisión para la ex mandataria, que cumple bajo modalidad domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, además del decomiso de bienes destinado a resarcir al Estado.

Según lo establecido en el expediente, el monto total a recuperar asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo. Esa actualización llevó a los magistrados a ordenar la ejecución de bienes de los condenados para cubrir el perjuicio económico determinado en la causa.

Desde la defensa de la ex presidenta y de sus hijos cuestionaron la decisión judicial. Los abogados argumentaron que varios de los bienes alcanzados por el decomiso fueron heredados del ex presidente Néstor Kirchner o cedidos legalmente en 2016, e incluso señalaron que algunos fueron adquiridos antes del período en el que la Justicia situó la maniobra investigada.

De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, los bienes decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que será la encargada de su administración y de definir el mecanismo para su eventual liquidación o venta.

La Causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes que involucraron a la ex presidenta, determinó la existencia de un esquema de corrupción vinculado a la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz. Según la sentencia, durante varios años se favoreció sistemáticamente a empresas de Báez mediante licitaciones direccionadas, con sobreprecios y obras inconclusas o de ejecución deficiente.