Reformas en la Justicia: aprobación por mayoría entre advertencias por la “arbitrariedad” de la Corte y el temor por la calidad de las sentencias

En una sesión presidida por el titular del Parlamento, Miguel Acevedo, la Cámara aprobó por amplia mayoría —con solo cuatro votos en contra— el paquete de reformas a las Leyes N° 6238, N° 9119 y N° 8933 impulsado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). La iniciativa, que modifica más de 20 artículos de la estructura judicial, propone abandonar el modelo de juzgados con una única materia para transitar hacia un esquema flexible donde un mismo órgano ejerza competencia en varios fueros según la necesidad. Si bien el dictamen original fue retocado en el recinto tras escuchar las objeciones de los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur, además de la Asociación de Magistrados, el debate estuvo marcado por duras críticas de la oposición. Los parlamentarios disidentes advirtieron sobre un cambio de paradigma que otorga una peligrosa "carta blanca" a la Corte Suprema, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias y en una caída de la calidad de las sentencias al diluirse la especialización técnica de los jueces.

Como miembro informante, Vargas Aignasse (foto inferior) defendió la necesidad de "aggiornar y modernizar" una ley que había sufrido 67 modificaciones en 15 años. La legisladora detalló que los cambios responden a un esquema organizativo propuesto por la propia Corte para administrar mejor los recursos ante el avance del expediente digital. Al abordar el polémico "multifuero", especialmente en la fusión de las cámaras Civiles y de Documentos y Locaciones en la Capital, la justicialista enfatizó: “Lo que se ha puesto en la balanza es pensar si toda la eficientización que queremos hacer afecta la calidad de la sentencia. Muchos lo hemos debatido, entendemos que no es así, que si bien coincidimos en que tiene que haber un criterio de especialización, también es muy importante tomar en consideración las situaciones que se viven”. Según Vargas Aignasse, esta medida evitará la creación de seis nuevas estructuras de cámara sin perder rigor jurídico.

Entre los puntos modificados por sugerencia de las entidades profesionales, destacó la eliminación de la competencia sobre "relaciones de consumo" para los Jueces de Paz Letrados, tras la advertencia del Colegio de Abogados sobre la disparidad del usuario frente a las empresas. Asimismo, se mantuvo la estructura original de las cámaras en Concepción y Monteros a pedido de la Asociación de Magistrados. Vargas Aignasse respaldó la reforma con estadísticas, señalando que mientras en el fuero de Familia de la Capital hay un "altísimo número de ingreso de causas", otras unidades tienen excedente de personal que debe redistribuirse. “Entendemos que no se trata de perder calidad jurídica. Estamos hablando dentro del mismo fuero Civil y Comercial... esto es lo que va a evitar tener que nombrar o tener que crear seis nuevas estructuras”, concluyó.

Vale recordar que el Colegio de Abogados de la capital había manifestado un rechazo inicial a la reforma advirtiendo el riesgo de “desespecializar” la justicia y perder la figura del juez natural. Sus objeciones principales se centraron en el "multifuero", el régimen de destrucción de expedientes digitales (que finalmente fue retirado del proyecto) y la competencia de los jueces de Paz en temas complejos como el consumo.

La oposición no tardó en cuestionar lo que consideran una delegación excesiva de facultades. El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán-foto inferior) advirtió que se está pasando de un modelo orgánico a uno "flexible" que otorga discrecionalidad a la presidencia de la Corte. “Lo que se está cambiando es un paradigma del modelo de poder judicial que tenemos... y vamos hacia un modelo flexible que le está dando muchas facultades a la Corte Suprema y que, como no están reglamentadas, puede generar situaciones de discrecionalidad, cuando no arbitrariedad”, sentenció Courel, quien además lamentó que la Legislatura actúe como una "escribanía" del Poder Judicial.

Por su parte, José Seleme (Avanza Tucumán) cuestionó si la justicia debe servir para "mostrar estadísticas" o para controlar al poder. “¿Queremos jueces especializados o jueces que hagan de todo un poco? Porque este proyecto habilita que tribunales y juzgados asuman múltiples materias. No es lo mismo resolver una cuestión de familia que un conflicto laboral”, planteó, subrayando su preocupación por la falta de énfasis en la independencia judicial. En la misma línea, Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) adelantó su rechazo al considerar que el multifuero perjudica el acceso a la justicia: “Estamos brindándole herramientas a la presidencia de la Corte para que siga habiendo discrecionalidad... las facultades no se utilizan para ser más ágil, sino termina siendo para premiar, para castigar a diferentes sectores. Y eso ya lo hemos visto con los subrogantes que cumplen con las órdenes correspondientes”.

Un voto que llamó la atención fue el del peronista Hugo Ledesma, quien se sumó al rechazo alegando que no es un "momento propicio" dada la cuestionada imagen del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ledesma, referente de La Bancaria y cercano al diputado Carlos Cisneros (crítico recurrente del titular del MPF, Edmundo Jiménez), manifestó: “Con un poder judicial tan cuestionado por la ciudadanía, con un Ministerio Público Fiscal cuestionado, no es momento de hacer reformas estructurales tan grandes”.

En contraste, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) confirmó el apoyo de su bloque tras la eliminación del inciso que otorgaba competencias de consumo a los jueces de paz, evitando así "duplicar costos" con la Dirección de Comercio Interior. Rodolfo Ocaranza (Compromiso por Tucumán) también defendió la norma, fustigando la "apología a la rigidez": “Si usted está en una situación de emergencia y en el ómnibus hay una ginecóloga y usted está quebrado, ¿qué va a preferir? ¿Que lo atienda el chófer o la ginecóloga que es médica? Acá estamos hablando de jueces civiles, abogados que estudiamos todas las materias”.

El cierre del debate estuvo a cargo de Roque Tobías Álvarez, titular de la bancada del PJ, quien reivindicó el diálogo con los actores judiciales y negó que la justicia tucumana esté "atrasada". “No se puede decir que esto no sea una cuestión orgánica. Siguen estando las normas, si bien no con la fosilización. El presupuesto de la justicia prácticamente se ha duplicado desde el inicio de la democracia”, afirmó Álvarez, defendiendo la celeridad que aportará el nuevo esquema al sistema adversarial. Con la aprobación de este proyecto, la Corte Suprema queda ahora facultada para reglamentar la puesta en marcha de esta nueva arquitectura judicial.