Oficialismo y oposición chocaron por la desafectación de calles y el desarrollo inmobiliario

La Legislatura de Tucumán sancionó el jueves pasado dos proyectos de ley que autorizan al Poder Ejecutivo a desafectar del dominio público diversas fracciones de inmuebles en las comunas de El Manantial y San Pablo, con el objetivo primordial de brindar seguridad jurídica a 80 familias que residen en esos terrenos desde hace décadas. La iniciativa, defendida por el oficialismo como una solución habitacional para sectores vulnerables, desató una fuerte polémica en el recinto por parte de legisladores que advirtieron sobre el "estrangulamiento" urbanístico de la zona y el posible beneficio indirecto a empresas privadas que habrían ocupado calles públicas para desarrollos de barrios cerrados. A pesar de los pedidos para que los proyectos volvieran a comisión, la mayoría legislativa del peronismo ratificó la medida tras un debate que expuso la tensión entre la reparación social y la carencia de una visión metropolitana de planeamiento.

La fundamentación del proyecto en sí sostiene que la medida es necesaria porque las fracciones de inmuebles a desafectar “son calles que nunca cumplieron esa función, es decir que nunca fueron arterias para el tránsito de vehículos y/o similares, sino que simplemente se utilizaban esporádica y ocasionalmente como lugar o senda de paso entre medio de los árboles de citrus por alguno que otro lugareño”. Según el texto oficial, estos espacios funcionaron históricamente como “callejones internos de las fincas de citrus, para el paso de trabajadores del limón y para el paso de vehículos de la propia empresa (Citrusvil S.A.) para cumplir con los distintos procedimientos según las distintas etapas del proceso del citrus”.

El documento enfatiza que estos predios no estaban destinados al uso general, afirmando categóricamente que no fueron utilizados “nunca para el tránsito abierto y público de los pobladores de San Pablo”. Asimismo, justifica la situación actual señalando que “con el tiempo, la entrada o el paso por este camino fue cerrada por la Empresa por razones de seguridad y de resguardo y así se encuentran actualmente y desde hace muchos años”. En este marco, se considera procedente la desafectación para que el terreno de mayor extensión sea empleado en un complejo de tipo barrio cerrado, permitiendo un “crecimiento sostenible y sustentable para el desarrollo urbano y estratégico de la localidad de San Pablo, permitiendo su expansión territorial para cubrir las necesidades habitacionales cada vez más crecientes”.

El legislador Mario Leito (PJ-foto superior), autor y miembro informante de las iniciativas, fundamentó que la finalidad es resolver un conflicto territorial histórico en zonas donde la tierra figura catastralmente como calle, pero que en la práctica nunca tuvo utilidad pública. "Estamos intentando resolver estas cuestiones porque los comisionados comunales consideran que pueden con las empresas privadas tener un desarrollo en la zona que permita el crecimiento", explicó Leito.

El parlamentario detalló que la medida beneficia directamente a 50 familias en la zona de Ohuanta (San Pablo) y 30 familias en El Manantial, todas ellas de condición humilde que enfrentaron amenazas de desalojo. Según Leito, mediante un acta acuerdo con la empresa Citrusvil SA, el Estado desafecta estas tierras y la firma cede el dominio de los terrenos donde vive la gente: "Significa poderle entregar a esas 50 familias de la comuna de El Manantial que tienen el mismo problema, gente humilde que nunca pudo tener su propiedad y con esto el Estado provincial podrá integrar esos dominios en propiedad de esa gente que vive ahí hace muchísimo tiempo".

La postura crítica fue encabezada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), quien calificó la medida como un golpe a la planificación del área metropolitana. "Este proyecto va en contra de toda planificación urbana, estamos cerrando ya la posibilidad que se abra una calle, que corte de norte a sur en un área de 2,3 km", advirtió Courel, señalando que la zona de San Pablo y El Manantial ya cuenta con 280 hectáreas de barrios cerrados sin planificación. El legislador remarcó la gravedad de ceder calles públicas: "Esto realmente es una barbaridad, estamos estrangulando el desarrollo del área metropolitana por lo que nos vamos a arrepentir dentro de algunos años".

En la misma sintonía, el legislador Carlos Verón Guerra (Fuerza Republicana) denunció la falta de visión a largo plazo: "Ceder esa calle a la ambición de los desarrolladores inmobiliarios tiene que tener un freno... vamos a asesinar una zona que hoy es una ciudad imposible de transitar".

La sospecha de un "apretón" privado

Uno de los puntos más álgidos del debate fue la intervención del legislador Alfredo Toscan (Compromiso por Tucumán-foto inferior), quien cuestionó el proceder de la empresa involucrada. "Hay un privado haciendo uso de tierra pública hace muchos años, estamos desafectando algo que ya no es nuestro en los hechos y es usufructuado y que es usado por un privado", sentenció. Toscano sugirió que el Estado está siendo condicionado por la empresa: "Hoy, casi apretándonos, nos está diciendo 'Si ustedes no me dan esto yo corro tal gente'... me parece que le estamos dando este marco legal pero tratándolo demasiado decorosamente para lo que realmente es".

Ante estas dudas, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse aclaró que la desafectación no implica perder la propiedad: "Deja de ser una calle pública en este caso pero sigue siendo propiedad del Estado; no le estamos dando al privado la propiedad de la tierra. Lo que se está buscando es darle seguridad jurídica o darle tranquilidad a vecinos que están en condiciones de mucha inestabilidad".

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán) resumió la contradicción que atravesó a varios representantes al manifestar que tenía su "corazón absolutamente partido en dos", debatiéndose entre la mirada urbanística de largo plazo y la urgencia de las familias que ha visto "llorar" por su hogar. Por este motivo, la parlamentaria decidió abstenerse en el proyecto de El Manantial, aunque acompañó el de San Pablo por considerarlo beneficioso para la generación de empleo.

Finalmente, y tras rechazar la moción de vuelta a comisión, la Legislatura sancionó ambos proyectos, dejando en manos del Ejecutivo la firma de los convenios con los desarrolladores para formalizar el traspaso de los lotes a las familias residentes.