La oposición judicializó la prórroga de las elecciones en la UNT

El conflicto político e institucional en la Universidad Nacional de Tucumán ingresó en una fase de máxima tensión judicial tras la presentación de un recurso de apelación directo ante la Cámara Federal de Apelaciones. La fórmula opositora integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala acudió a los tribunales para solicitar la nulidad absoluta de la resolución del Consejo Superior que postergó la Asamblea Universitaria del 20 de mayo al 10 de junio de 2026.

La crisis se desencadenó cuando la Cámara Federal dictó una medida cautelar que ordenaba a la universidad abstenerse de oficializar fórmulas con candidatos que hubieran cumplido dos mandatos consecutivos, lo que afectó directamente la postulación del actual rector, Sergio Pagani, quien aspira a una nueva reelección. Según los denunciantes, la Junta Electoral, en lugar de limitar la suspensión exclusivamente a la candidatura objetada y proceder a proclamar de forma automática a la lista de Cabrera y Abdala como única opción habilitada, resolvió paralizar el proceso electoral en su totalidad. Esta maniobra fue ratificada posteriormente por el Consejo Superior bajo la conducción del propio Pagani, una intervención que la oposición califica como un severo vicio de voluntad por la existencia de intereses personales directos. Desde el viernes, y tras el cierre del mandato de Pagani, el Consejo Superior designó a la decana de Derecho, Cristina Grunauer, al frente de la UNT hasta que se resuelva el pleito judicial y electoral.

En su presentación judicial, la fórmula opositora sostiene que las autoridades universitarias incurrieron en desviación de poder y violación flagrante del estatuto, el cual exige de forma imperativa que la elección se realice en la segunda quincena de mayo, período en el que también caducan los mandatos vigentes. Al desplazar la fecha de la Asamblea de manera unilateral, el oficialismo habría generado un vacío legal que expone a la institución a una eventual intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Para evitar un daño institucional irreversible, el recurso exige la habilitación de días y horas inhábiles y solicita una medida cautelar innovativa urgente que suspenda los efectos de la prórroga y prohíba de forma expresa la reapertura de los plazos de inscripción, argumentando que el período para registrar candidatos precluyó definitivamente el pasado 29 de abril. Con la hipótesis de que la controversia es puramente normativa, los apelantes instan a la Justicia Federal a declarar el caso como una cuestión de puro derecho para emitir una sentencia inmediata que preserve el orden democrático dentro de la comunidad universitaria.