ANDHES alerta sobre el avance de políticas represivas en el NOA y cuestiona los "trencitos" en Tucumán

En el marco del Mes de Lucha contra la Violencia Institucional, la organización de derechos humanos ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) difundió un informe en el que alerta sobre el crecimiento de prácticas represivas y el endurecimiento de las políticas de seguridad en las provincias del NOA.

El documento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, realiza un recorrido histórico y político sobre distintos episodios registrados en Tucumán, Jujuy y Salta, y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ciudadano frente al accionar de las fuerzas de seguridad.

La organización sostiene que el NOA ha sido históricamente un territorio donde se ensayaron reformas de carácter punitivista, muchas veces en contextos de crisis económicas o conflictos sociales. Según el análisis, estas políticas suelen estar acompañadas por la construcción de sectores sociales considerados "peligrosos" o "indeseables", sobre los cuales recaen prácticas de criminalización y persecución estatal.

Como antecedente histórico, el informe recuerda el Operativo Independencia desplegado en Tucumán en 1975, al que describe como un laboratorio de prácticas represivas que luego serían profundizadas durante la última dictadura militar.

En el plano más reciente, ANDHES menciona la reforma constitucional impulsada en Jujuy durante 2023 y la fuerte represión de las protestas sociales registradas entre el 17 y el 20 de junio de ese año. Según la organización, aquel proceso dejó más de un centenar de detenidos y numerosos heridos, además de consolidar lo que distintos sectores denominaron el "Jujeñazo" como expresión de resistencia frente a las medidas adoptadas por el gobierno provincial.

Respecto de Tucumán, el informe dedica un apartado especial a los operativos policiales masivos que se realizan desde agosto de 2024 en distintos barrios de la capital provincial. Estas intervenciones, conocidas popularmente como "trencitos", son cuestionadas por la organización por su modalidad de despliegue y por el impacto que generan sobre jóvenes y vecinos de sectores populares.

"Durante horas, policías ocupan y recorren las calles en largas filas de vehículos levantando a cualquier persona que transite por la calle", sostiene el documento, que considera a estos procedimientos como una manifestación preocupante de las lógicas de violencia institucional.

La organización también cita el caso de Franco Almirón, el joven que perdió la visión de un ojo tras recibir un disparo efectuado por efectivos de la Policía Motorizada durante un operativo. ANDHES recuerda que interviene en la causa como querella institucional y destaca que el Juzgado de Impugnación exhortó al Ministerio de Seguridad de Tucumán a profundizar la capacitación policial en el uso legítimo de la fuerza y de armas letales y menos letales.

El informe además analiza situaciones registradas en Salta, donde actualmente se tramitan acciones judiciales vinculadas a denuncias por violencia institucional y detenciones de menores de edad. Según ANDHES, la información obtenida a través de pedidos de acceso a datos públicos revela dificultades estructurales para investigar y sancionar los abusos cometidos por agentes estatales.

Frente a este escenario, la organización plantea la necesidad de fortalecer herramientas de control ciudadano, producción de información y acompañamiento comunitario. En ese sentido, anunció el relanzamiento del "Mapa de la Policía", una plataforma destinada a registrar y visibilizar hechos de violencia policial en distintas provincias del país.

La entidad también impulsa espacios de debate entre organizaciones sociales, académicos y referentes territoriales para construir una agenda común sobre políticas de seguridad, violencia institucional y derechos humanos.

Finalmente, ANDHES remarcó que mantiene una tarea permanente de monitoreo sobre el accionar estatal mediante la presentación de informes ante organismos nacionales e internacionales. De hecho, señaló que, en su última evaluación sobre Argentina, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas puso especial atención en situaciones registradas en el noroeste argentino, una región que la organización considera hoy atravesada por un proceso de creciente endurecimiento de las políticas de control y seguridad.