La negativa al examen antidrogas pasaría a tener consecuencias directas para funcionarios tucumanos

El legislador José Cano (foto inferior) representante del bloque Radicalismo Federal, impulsa un proyecto para modificar de fondo la Ley N° 8.850, que regula los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos en la provincia de Tucumán. La iniciativa busca subsanar las limitaciones de la normativa vigente mediante la implementación de controles con carácter sorpresivo, los cuales se realizarán anualmente y sin previo aviso para garantizar la autenticidad de los resultados. Una de las modificaciones más drásticas establece que la negativa injustificada por parte de un funcionario a someterse al testeo no será interpretada como una simple omisión, sino que “será considerada equivalente a resultado positivo, a todos los efectos legales y administrativos previstos en la presente Ley”.

El proyecto amplía significativamente el espectro de funcionarios alcanzados, incluyendo de manera obligatoria al Gobernador, Vicegobernador, ministros, legisladores, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a intendentes, comisionados comunales y a todo el personal policial y penitenciario en todas sus jerarquías. Según el articulado propuesto, los exámenes se realizarán mediante “pruebas rápidas debidamente homologadas” utilizando dos muestras (Frasco A y B), y abarcarán la detección de sustancias como “cannabinoides, cocaína y derivados, opioides, anfetaminas y sustancias de diseño, benzodiacepinas, barbitúricos y toda otra sustancia de similares efectos”.

En la exposición de motivos, Cano fundamenta la necesidad de este endurecimiento normativo en la búsqueda de una mayor ética pública. El documento señala textualmente: “El presente proyecto de Ley tiene por objeto modificar y fortalecer el régimen establecido por la Ley Provincial N° 8850, adecuándolo a las actuales exigencias institucionales, sociales y constitucionales en materia de transparencia, idoneidad y ética pública, mediante la ampliación de su alcance subjetivo y la incorporación de mecanismos de control más eficaces para garantizar la aptitud integral de quienes ejercen funciones públicas en la Provincia de Tucumán”. Asimismo, el texto remarca que la idoneidad requerida por la Constitución Nacional “no se agota en la capacidad técnica o profesional, sino que comprende también la aptitud psíquica, moral y ética necesaria para el ejercicio responsable de funciones que involucran la administración de intereses colectivos”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la crítica a la previsibilidad de los exámenes actuales, que según el legislador, debilita la eficacia de la norma. Los fundamentos expresan de manera contundente: “Se incorpora la modalidad de controles toxicológicos sorpresivos, entendiendo que los mecanismos previamente anunciados o previsibles reducen significativamente la eficacia preventiva de la norma. La sorpresividad constituye un elemento esencial para asegurar la autenticidad de los resultados y evitar conductas elusivas que desnaturalicen el espíritu de la Ley”. Con este cambio, los controles se realizarán en el lugar de trabajo del funcionario o en el sitio que determine la autoridad de aplicación, garantizando siempre la cadena de custodia de las muestras.

Finalmente, el proyecto contempla el abordaje ante casos positivos, previendo mecanismos de asistencia integral para personas con consumo problemático, pero también dejando abierta la puerta a la suspensión del ejercicio de funciones o el cese en la función pública, dependiendo de la gravedad y lo establecido en la Constitución Provincial. Según Cano, esta iniciativa alinea a Tucumán con una tendencia observable en provincias como Neuquén, San Luis, Santa Fe y Salta, que han adoptado modelos orientados a reforzar la “transparencia, ejemplaridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.