El Gobierno lanza una segunda fase de reforma estatal para profesionalizar la planta permanente y despolitizar el empleo público

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, inició formalmente la implementación de un esquema diseñado para transformar la burocracia estatal en un cuerpo profesional. Tras una primera etapa caracterizada por el recorte de la estructura, el objetivo actual es redefinir la carrera administrativa de los 280.120 agentes que integran la dotación pública, buscando que la estabilidad laboral esté ligada estrictamente al cumplimiento de funciones y no a la influencia partidaria.

Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública (foto inferior), precisó que esta etapa busca consolidar un plantel técnico estable. Al respecto, el funcionario señaló: “Estamos trabajando en la profesionalización del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), con el objetivo de repensar la planta permanente actual y su carrera administrativa”. Según Fariña, el interrogante central de la reforma es “¿cómo logramos dar un Estado que sea profesional y que no dependa de la política?”, indicó en declaraciones al diario La Nación.

La nueva estrategia oficial se enfoca en una revisión integral de la normativa vigente para corregir lo que consideran una interpretación errónea del principio de estabilidad constitucional. Desde el Gobierno sostienen que la permanencia en el cargo no debe eximir al trabajador de sus obligaciones operativas. Bajo esta premisa, se ratificó que el incumplimiento de tareas o de horarios facultará la activación de mecanismos de desvinculación.

En este contexto, se informó que ya se han aplicado herramientas como el pase a disponibilidad para personal sin funciones asignadas. Esta medida afectó a más de 1.000 agentes, quienes disponen de un año para ser relocalizados antes de su baja definitiva.

Apoyo internacional y modernización operativa

Para financiar este proceso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó una cooperación técnica no reembolsable de US$230.000. Estos fondos se destinarán a:

• La revisión de estructuras orgánicas.

• La simplificación de circuitos administrativos.

• La optimización de sistemas de información y compras públicas.

• El fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y mejora regulatoria.

La iniciativa profundizó la brecha con los sectores sindicales. Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, rechazó el planteo oficial al asegurar que “este Gobierno no puede hablar de profesionalización en la administración pública porque desde que asumió se ha empecinado en destruirla”. Desde el sindicato denuncian la retención de fondos para capacitación y advierten que “si piensan que profesionalizar es modificar el convenio colectivo sin la participación de los sindicatos, no lo van a lograr”.

Por su parte, expertos en administración pública coinciden en que una reforma profunda requiere ingresos por concurso y remuneraciones acordes. Celina Cantú, especialista en Políticas Públicas, destacó que la prioridad debe ser la construcción de capacidades sostenibles, mientras que Maximiliano Campos Ríos subrayó la necesidad de corregir las asimetrías de los más de 50 convenios colectivos existentes para evitar la partidización de los segmentos directivos.

Este plan de profesionalización se apoya en modelos de carrera técnica ya existentes en el país, como el Servicio Exterior de la Nación y el cuerpo de Administradores Gubernamentales, con la intención de hacer extensivos esos estándares de selección y formación al resto de la administración centralizada.