Debate por la baja de imputabilidad: El gobierno tucumano respaldó la media sanción y volvió a defender el traslado de jóvenes a Benjamín Paz

La fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone (foto inferior), sostuvo que la Provincia se anticipó a la eventual aprobación definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional y defendió las decisiones adoptadas por la gestión de Osvaldo Jaldo para el alojamiento de menores condenados por delitos graves. En un contexto atravesado por críticas de organizaciones de derechos humanos y por la oposición de un sector del kirchnerismo local, la funcionaria respaldó la media sanción de la iniciativa y afirmó que Tucumán ya cuenta con infraestructura preparada para cumplir con las nuevas exigencias.

Pedicone explicó que la aprobación en Diputados del proyecto nacional implicará obligaciones concretas para las provincias. “La media sanción de la ley, esperando por supuesto su aprobación por la otra cámara, va a exigir de las provincias el acondicionamiento del lugar de alojamiento de esas personas en conflicto con la ley en ese rango etario”, indicó.

La fiscal aclaró que el alcance de la norma se refiere exclusivamente a condenas por delitos de gravedad. “Estamos hablando de condenas de prisión, no de faltas menores. Acá hablamos de personas privadas de la libertad”, precisó.

Actualmente, los jóvenes condenados son alojados en el Instituto Roca. Sin embargo, por instrucción del gobernador, se dispuso la creación de un ámbito diferenciado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz. Allí funcionará un establecimiento con características propias y separado físicamente del penal.

“Se está haciendo un ala especial, una escuela o instituto socioeducativo, que se va a llamar Instituto Cura Brochero, aislado en términos físicos del resto del penal. Va a ser un espacio propio para este destino, a cargo de personal distinto, no va a ser el personal de la penitenciaría ni va a ser policial”, detalló la fiscal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que esta adecuación responde a exigencias normativas y a compromisos internacionales asumidos por el país. “La ley penal juvenil vigente y la que eventualmente se sancione, como los tratados internacionales vinculados a los derechos del niño, exigen un tratamiento diferenciado. Estos chicos no son considerados personas privadas de la libertad como los adultos, ni en las mismas condiciones ni en los mismos espacios ni con las mismas prestaciones”, afirmó Pedicone.

Controversia

La decisión de trasladar a menores al predio del complejo penitenciario de Benjamín Paz generó una fuerte controversia en la provincia. Diversas organizaciones de derechos humanos y colegios profesionales agrupados en la Mesa No a la Baja manifestaron su rechazo a la medida y cuestionaron que se utilice infraestructura carcelaria destinada a adultos para alojar adolescentes.

Durante la semana se realizó una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, y representantes de Andhes, el Proyecto MAP y los colegios de Psicólogos y Trabajo Social. El encuentro fue solicitado por las organizaciones para expresar su preocupación ante la creación del nuevo pabellón juvenil dentro del complejo.

Desde el Ejecutivo defendieron el proyecto y remarcaron que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estándares internacionales. Masso sostuvo que el traslado permitirá mejorar las condiciones de alojamiento y acceso a educación y acompañamiento profesional. “Estamos llevando adelante una restructuración necesaria que prioriza la legislación vigente y el bienestar de cada uno de los menores alojados, garantizamos plenamente sus derechos en materia habitacional, educativa y psicológica en el nuevo espacio”, afirmó. Sare, por su parte, indicó que las evaluaciones técnicas previas avalan la adecuación del dispositivo a la normativa vigente en materia de niñez.

En contraste, la Mesa No a la Baja rechazó los argumentos oficiales y cuestionó el encuadre conceptual de la medida. “El que intenten presentarlo como ‘reorganización’ o lo nombren como ‘dispositivo especial’ no cambia la realidad: es encierro punitivo en un complejo penitenciario”, señalaron desde ese espacio. En un comunicado posterior agregaron: “No acompañamos ni vamos a acompañar políticas que confundan cuidado con encierro. Seguiremos exigiendo políticas públicas de cuidado que respeten la legislación vigente, los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y el interés superior de los y las adolescentes”.

Las organizaciones también objetaron la estrategia comunicacional del Gobierno provincial y advirtieron que los anuncios refuerzan discursos que, a su entender, criminalizan a adolescentes y jóvenes, dejando de lado debates estructurales sobre seguridad y derechos humanos.

En paralelo al debate provincial, la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Congreso expuso diferencias dentro de la representación tucumana. El único diputado nacional por la provincia que votó en contra fue Pablo Yedlin (foto inferior) quien se apartó de la postura acompañada por el gobernador.

Yedlin fundamentó su rechazo al proyecto al sostener: “Argentina necesitaba un nuevo sistema penal juvenil, pero no así. Bajar la imputabilidad a 14 años no soluciona nada: solo criminaliza jóvenes. Sin recursos en las provincias no es serio. Desfinanciar inclusión no es seguridad. Es abandono”.

Mientras el debate continúa en el Congreso a la espera de la sanción definitiva, el Gobierno tucumano ratificó que la Provincia ya avanzó en la adecuación de infraestructura y en la implementación de un espacio específico para el cumplimiento de condenas juveniles, en cumplimiento —según sostiene— de la legislación vigente y de los compromisos internacionales asumidos por el país.