
El escenario político tucumano se vio sacudido por un duro cruce tras la presentación de una iniciativa legislativa para regular contenidos digitales. El diputado nacional Gerardo Huesen cargó contra el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) acusándolo de intentar implementar un sistema de restricción de opiniones similar al régimen chino. Según Huesen, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal representa una amenaza directa a la libertad de prensa y un intento de "amordazar" a las voces críticas bajo la excusa de la protección del honor.
La iniciativa del referente peronista, adelantada por Tendencia de Noticias, propone una "Medida Cautelar Digital Urgentísima" para que un juez penal ordene, en menos de seis horas y sin sustanciación previa, la eliminación o bloqueo de contenidos que constituyan calumnias o injurias manifiestas.
Huesen no ahorró calificativos al referirse a la propuesta del bloque oficialista. “Vargas Aignasse acaba de proponer lisa y llanamente el modelo chino de control y censura estatal a las opiniones libres”, sentenció el dirigente, marcando una diferencia con la gestión nacional que, según sus palabras, permite la libre expresión incluso ante "mentiras injuriosas".

Para el parlamentario libertario, este mecanismo es propio de sectores que definió como "progres kirchneristas – pseudo peronistas". En su crítica, subrayó: “Bueno… queda clarito… quieren el modelo chino”. El dirigente vinculó esta intención con un supuesto temor del oficialismo provincial a la difusión de información que cuestione la realidad de la provincia.
El argumento de la "tutela eficaz" vs. la Libertad
Desde la otra vereda, el proyecto —que cuenta con el apoyo de Sergio Mansilla y Roque Argañaraz— se fundamenta en que la velocidad de viralización en redes sociales vuelve ineficaces los tiempos de la justicia ordinaria. Vargas Aignasse sostiene en sus fundamentos que “una tutela tardía frente a un daño inmediato es, en términos constitucionales, una forma de tutela ineficaz”, debido al carácter "explosivo" del daño digital.
Sin embargo, Huesen fue tajante en su respuesta hacia el legislador: “Aquí manda la libertad. Y no nos van a amordazar ni callar, ni usted ni ninguno de los que quieren solo difundir el relato mentiroso que nos llevó a esta situación provincial de desastre”.
El proyecto incluye un "candado normativo" que obliga al juez a rechazar la medida ante cualquier duda sobre si el contenido es opinión o información de interés público, bajo la premisa de que “la libertad de opinar no incluye el derecho a mentir dañando”.

Mientras el oficialismo argumenta que busca armonizar derechos siguiendo precedentes de la Corte Suprema y que la doctrina de la "real malicia" “no protege al que inventa, falsifica o descalifica con intención dañosa”, el sector liberal lo interpreta como un instrumento de persecución política.
Huesen cerró su descargo reafirmando su postura ideológica con un mensaje directo al autor de la reforma: “Escuche bien lo que le digo… ¡VLLC!”. La polémica queda instalada en la Legislatura, donde la distinción entre "mentira dañosa" y "crítica protegida" será el eje de la discusión por venir.