El Gobierno ratifica el avance de la reforma laboral: Negocia cambios por ley complementaria y alista su defensa judicial

El oficialismo acelera el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con el objetivo de obtener la sanción definitiva esta semana, apoyado en un esquema de votos que consideran asegurado. Para destrabar el conflicto por el recorte salarial en licencias médicas, el Ejecutivo evalúa emitir una ley aclaratoria o corregir la reglamentación sin alterar el texto original, mientras los equipos legales de la Presidencia diseñan una estrategia ante la inminente judicialización de la norma por parte de gremios y magistrados.

La administración central mantiene su hoja de ruta parlamentaria pese a las objeciones surgidas en torno al Artículo 44 del proyecto. Dicho apartado propone modificar el esquema de remuneraciones durante las licencias por enfermedad o accidente inculpable, estableciendo un pago del 50% del salario, que podría elevarse al 75% si el trabajador no hubiera incurrido en una actividad de riesgo voluntaria.

Para evitar que el proyecto deba regresar al Senado, el Gobierno descartó realizar modificaciones directas en el recinto de Diputados. En su lugar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se analizan alternativas legales para garantizar el 100% de los haberes en casos de enfermedades graves o degenerativas, ya sea mediante una ley complementaria de artículo único o a través de la reglamentación del Ejecutivo.

El cronograma en el Congreso

• Miércoles: Reunión de comisión para emitir dictamen y encuentro del bloque oficialista con asesores técnicos para unificar el discurso.

• Jueves: Sesión prevista en el recinto para la votación definitiva.

• Objetivo: Contar con la ley sancionada antes del 1° de marzo.

En la bancada de La Libertad Avanza, la conducción del conteo de votos recae en Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici (foto superior). Según fuentes parlamentarias, el oficialismo contaría con los 129 legisladores necesarios para el quórum y la aprobación general, aunque reconocen que algunos artículos particulares podrían aprobarse con márgenes ajustados.

La relación con el bloque del PRO es fundamental. Aunque desde este sector se han planteado dudas sobre el impacto social de los recortes por enfermedad, en el oficialismo confían en que el acompañamiento será mayoritario para no obstaculizar una reforma considerada estructural. "Se busca evitar la industria de los certificados irregulares", señalan fuentes legislativas, citadas por el diario Clarín, argumentando que la norma dará previsibilidad al sector empleador.

Mientras la CGT evalúa la convocatoria a un paro general para el día de la sesión, el Gobierno ya trabaja en la contención de los recursos de amparo que prevén recibir una vez promulgada la ley.

La estrategia de defensa está siendo coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Justicia. Los puntos que el oficialismo identifica como más críticos para la judicialización son:

• Traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo: La transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y el cierre de 30 juzgados vacantes generaron alertas en la Asociación de Magistrados.

• Prevalencia de convenios de empresa: La posibilidad de que acuerdos de ámbito menor se impongan sobre convenios colectivos nacionales.

• Ultraactividad y multas: Las modificaciones en la vigencia de convenios vencidos y la reducción de montos indemnizatorios.

Desde la Casa Rosada admiten que el conflicto escalará probablemente hasta la Corte Suprema de Justicia, pero ratifican la decisión política de implementar los cambios para combatir lo que denominan la "industria del juicio".