Funcionarios y concejales estarán obligados a realizarse narcotest en Yerba Buena

Tras un intenso debate político, el Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó este jueves la ordenanza que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos, periódicos y aleatorios para los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del cuerpo legislativo. La iniciativa obtuvo luz verde luego de un empate en la votación, que fue definido por el voto doble del presidente del Concejo, Javier Jantus, uno de los impulsores de la propuesta.

Con la sanción de esta ordenanza, Yerba Buena se convirtió en el primer municipio de Tucumán en establecer un régimen obligatorio de exámenes toxicológicos para sus funcionarios políticos. La iniciativa ubica además al distrito entre el reducido grupo de gobiernos locales del país que avanzaron con normas de este tipo, orientadas a controlar el consumo de sustancias ilegales por parte de quienes ejercen cargos públicos.

El tratamiento del expediente generó posiciones encontradas durante la sesión. Finalmente, el dictamen de mayoría se impuso por 6 votos contra 5, luego de que Jantus desempatara la votación en su carácter de presidente del cuerpo.

Además de Jantus, acompañaron la iniciativa la concejala peronista Gabriela Garolera, coautora del proyecto, y los ediles oficialistas Mauricio Argiró, Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano, quienes responden al intendente Pablo Macchiarola. En tanto, votaron en contra los concejales de La Libertad Avanza Álvaro Apud y Mercedes Moraiz, el peronista Walter "Cabubi" Aráoz y los representantes de Juntos por el Cambio Rafael Olea y María Decoud Griet.

La ordenanza establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, desde el intendente hasta el rango de director, y para las autoridades del Concejo Deliberante, desde los concejales hasta el nivel de prosecretario.

La norma dispone que los controles serán preventivos, periódicos y aleatorios, deberán realizarse al menos una vez por año y también serán un requisito previo para asumir cualquier cargo alcanzado por la ordenanza. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud municipal o el organismo que ejerza esa función.

Los análisis deberán practicarse en laboratorios públicos o privados habilitados, respetando la cadena de custodia de las muestras y las normas de confidencialidad previstas por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. En caso de un resultado positivo, el funcionario contará con cinco días para solicitar una contraprueba, conocida como "Muestra B", en un laboratorio diferente al que realizó el primer estudio.

La ordenanza también fija un régimen de consecuencias para quienes den positivo en los controles. En esos casos, el funcionario será suspendido por un plazo no menor a 90 días hábiles, período durante el cual deberá acreditar el inicio de un tratamiento de recuperación en un establecimiento habilitado. Si incumple esa obligación o vuelve a arrojar un resultado positivo en controles posteriores, la conducta será considerada una falta grave susceptible de derivar en un procedimiento de destitución, respetando las garantías legales correspondientes.

Como cláusula transitoria, la norma establece que el primer examen toxicológico deberá realizarse antes de finalizar el año 2026 y, además, deroga la Ordenanza N.º 2032, que regulaba la materia desde hace más de una década.

En los fundamentos del dictamen aprobado, los concejales sostuvieron que tanto la ordenanza vigente como la Ley Provincial N.º 8.850 ya expresaban la voluntad de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el consumo de sustancias ilegales en el ámbito de la función pública, aunque advirtieron que era necesario sancionar una nueva regulación que permitiera una aplicación "efectiva" en el ámbito municipal.

El texto aprobado señala que el objetivo de la medida es "detectar y eliminar las afecciones a la salud física y psíquica producidas por las adicciones a sustancias ilegales", con el propósito de garantizar la idoneidad de quienes ejercen funciones públicas y fortalecer los mecanismos de control dentro de la administración municipal.