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CONTROL PREVENTIVO

El Tribunal de Cuentas frenó otro pago millonario en Saneamiento por falta de documentación

El organismo de control suspendió el trámite iniciado por el área que conduce Carlos “Alito” Assan para cancelar facturas con el Consorcio Metropolitano de Residuos por falta de certificaciones de servicios entre otras falencias administrativas. La decisión se suma a un antecedente similar registrado en abril.

PorTendencia de noticias
02 jul, 2026 05:14 p. m. Actualizado: 02 jul, 2026 05:14 p. m. AR
El Tribunal de Cuentas frenó otro pago millonario en Saneamiento por falta de documentación

El Tribunal de Cuentas de Tucumán volvió a frenar un pago millonario impulsado por la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos (SESMEP), que conduce Carlos “Alito” Assan, al detectar una serie de inconsistencias documentales que, según advirtió, impiden verificar la legalidad de la erogación.


Mediante el Acuerdo N.º 2480, dictado el 30 de junio, el organismo de control requirió que la repartición complete la documentación respaldatoria antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre una resolución que dispone el pago de $190.076.411,62 al Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.


El expediente llegó al Tribunal para el control preventivo de la Resolución N.º 98/SESMEP, firmada el 17 de junio, mediante la cual se aprobó el reconocimiento y pago de facturas correspondientes a la descarga de residuos transportados por la dependencia provincial en la Planta de Transferencia San Felipe.


Sin embargo, al analizar la documentación, tanto el Departamento de Contadores Fiscales como la Contaduría Fiscal General advirtieron múltiples falencias, según pudo confirmar Tendencia de Noticias.


Entre las principales observaciones señalaron que no consta la certificación de los servicios realizados por un funcionario responsable, tampoco existe una justificación que explique por qué permanecían impagas facturas correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, ni se incorporó al expediente el acto administrativo que autorizó la contratación del servicio durante esos períodos.


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Además, el Tribunal remarcó que los contratos agregados al expediente corresponden únicamente a los períodos comprendidos entre 2020 y comienzos de 2023, sin que existan renovaciones, prórrogas o instrumentos equivalentes que acrediten la continuidad del vínculo contractual durante los ejercicios cuyas facturas ahora se pretende cancelar.


A ello se suma otra observación considerada central por el organismo de control: si bien las facturas cuentan con la conformidad de una autoridad competente, no se incorporaron informes técnicos, certificados de prestación ni constancias de descarga de residuos que permitan verificar efectivamente que el servicio fue prestado y que los montos reclamados se corresponden con las prestaciones realizadas.


Frente a ese escenario, el Tribunal concluyó que la documentación aportada resulta insuficiente para acreditar la causa concreta del gasto y ordenó remitir nuevamente las actuaciones a la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos para que complete toda la información requerida.


Asimismo, dejó expresamente establecido que los plazos del control permanecen suspendidos hasta que el expediente regrese con la documentación solicitada y dispuso que la repartición se abstenga de ejecutar el pago hasta que exista un pronunciamiento definitivo del organismo.


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Antecedente reciente

 

La decisión constituye un nuevo episodio de una situación que ya había sido advertida por el Tribunal de Cuentas meses atrás.


En abril de este año, tal como informó oportunamente TDN, el organismo ya había frenado otro pago millonario tramitado por la misma Secretaría al detectar observaciones vinculadas con deficiencias en la documentación respaldatoria y en el procedimiento administrativo.


En aquella oportunidad, el Tribunal también exigió completar antecedentes esenciales antes de autorizar el desembolso, al considerar que la información incorporada al expediente no permitía acreditar adecuadamente la legalidad del gasto.


Con el nuevo Acuerdo N.º 2480, el organismo de control vuelve a poner bajo observación actuaciones de la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos y mantiene inmovilizado otro pago millonario hasta que se acrediten la vigencia de la contratación y la efectiva prestación de los servicios facturados.

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