Para el PJ tucumano, primero está mayo, después abril

El jaldismo optó por dispersar cualquier foco de conflicto antes de un vencimiento clave previsto para abril de 2027. Ese mes caducan los mandatos de las autoridades del Partido Justicialista de Tucumán, a pocas semanas de que la provincia elija gobernador. ¿Qué ocurriría si el peronismo tuviera que renovar su conducción en plena campaña y con el justicialismo dividido? En la Casa de Gobierno decidieron no averiguarlo.

En lugar de adelantar las internas, como sugerían algunas versiones, el Consejo Partidario resolvió lo contrario. Por unanimidad, aprobó una prórroga de 120 días para los mandatos de las autoridades. La moción la propuso la diputada nacional Gladys Medina, esposa del ministro del Interior, Darío Monteros. Es decir, el volantazo fue decidido en el centro del poder provincial. “Tenemos elecciones provinciales, posiblemente elecciones partidarias y también el vencimiento del mandato de las autoridades del Partido Justicialista, previsto para el 11 de abril de 2027”, explicó. La decisión deberá ser ratificada por el Congreso partidario, convocado para el 4 de diciembre, y convalidada luego por la Justicia federal con competencia electoral.

En el jaldismo lo explican con menos formalidad. Una interna partidaria antes de mayo, con el quiebre con el manzurismo a la vista, podría enrarecer el clima y avivar conflictos en medio del proceso electoral tucumano. Hacer la elección partidaria en diciembre o enero, con los plazos encima, implicaba además movilizar a un partido de unos 140.000 afiliados mientras se arman las listas para los 347 cargos en juego el 9 de mayo. La decisión busca reducir al mínimo cualquier margen de error.

Los argumentos no suenan descabellados. Lo que sí parece extraño es que durante semanas se barajó como única alternativa el adelantamiento de la interna.

Con esta decisión, la prórroga lleva las internas hasta agosto de 2027, cuando eventualmente se celebrarían las PASO nacionales, en caso de que sobrevivan al debate en el Congreso. En el PJ admiten la coincidencia, pero argumentan que una primaria nacional tiene un peso menor que una elección provincial en la que se define al gobernador.

La extensión de los mandatos tiene otra consecuencia. El presidente del distrito Tucumán del PJ sigue siendo Juan Manzur, aunque está de licencia. Quien ejerce la presidencia es Osvaldo Jaldo, en su rol de vicepresidente. Con la prórroga, esa situación se mantendrá durante toda la campaña: el senador conservará el título, pero el partido seguirá bajo la conducción del gobernador.

Los modos y los temores

Ni Jaldo ni el vicegobernador Miguel Acevedo asistieron a la reunión. El presidente de la Cámara no integra el Consejo, aunque participó de encuentros anteriores. Sí estuvo el ministro del Interior. En la Legislatura aseguran que Acevedo no estaba al tanto de la movida gestada en la Casa de Gobierno, y recuerdan que no es la primera vez que se entera sobre la hora de decisiones partidarias.

En junio, por ejemplo, Jaldo había dispuesto el cambio de apoderado partidario, y consumó la salida de Ana Escobedo, colaboradora del vicegobernador desde hace años. En su lugar designó a Pedro Cruz, abogado del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. Aquella vez, a Acevedo no le molestó tanto la decisión como las formas. Ahora, en la Legislatura, la sensación se repitió.

La preocupación de algunos dirigentes va más allá de los modos. En el sector antimileísta sostienen que el PJ nacional, que preside Cristina Fernández de Kirchner y del que Manzur forma parte como secretario de Culto, tiene elementos para intervenir el distrito. Los antecedentes existen. En febrero de 2025, en su primera reunión al frente del Consejo Nacional, la ex presidenta impulsó la intervención de los distritos de Misiones y Salta, y ratificó la de Jujuy. El argumento que circuló entonces fue que esas conducciones respaldaban al Gobierno nacional, el mismo reproche que hoy recibe el gobernador tucumano.

Sin embargo, la jugada kirchnerista terminó siendo perjudicial para la ex presidenta, y benefició a la larga a los referentes peronistas de esos distritos.

En la sede partidaria descartan ese escenario. Los jaldistas aseguran que no hay motivo alguno para una intervención, ni ahora ni después. Su argumento es que el nuevo apoderado ya trabaja en regularizar los balances atrasados ante la Justicia federal, y que la aprobación unánime de las mociones refuerza la normalización institucional. Agregan que, una vez que el Congreso ratifique lo resuelto, será el juez federal con competencia electoral, José Díaz Vélez, quien deba avalar la extensión de los mandatos. Los antecedentes respaldan en parte ese razonamiento: en Salta y en Jujuy, la Justicia electoral terminó desplazando a los enviados de la conducción nacional.

Pero ese aval tampoco es automático. En mayo de 2025, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, anuló una prórroga de 180 días que el Congreso del PJ neuquino había aprobado por unanimidad, con el argumento de evitar la superposición con las elecciones nacionales. Consideró que la autorización de la carta orgánica no alcanzaba para justificarla y ordenó convocar a internas. En el PJ tucumano aseguran que analizaron antecedentes de otros distritos antes de fijar el plazo. Hay otras dos diferencias: en Neuquén los mandatos ya habían vencido, y en Tucumán la prórroga se aprueba con cinco meses de anticipación.

Otros, los menos aunque los más entusiastas, leen la postergación como una apuesta de Jaldo para ganar tiempo y negociar con otros sectores del peronismo sin llegar a la ruptura. En el jaldismo descartan esa alternativa y ratifican que no hay margen de acuerdo con Manzur. El Consejo también solicitó al Congreso partidario que habilite a un dirigente para cerrar los acuerdos con las fuerzas que integrarán el frente del 9 de mayo. Es decir, el peronismo oficialista ya se prepara para sumar aliados, no para negociar con el ex gobernador.

Los números de la Capital

La misma lógica de acotar riesgos se advierte en el manejo de las encuestas. En la Casa de Gobierno propiciaron la difusión del último estudio de Hugo Haime, el sociólogo que mide para el peronismo tucumano desde los tiempos de José Alperovich. Los números eran muy favorables, de acuerdo con ese sondeo. Allí aparece que Jaldo casi duplica en intención de voto a Lisandro Catalán y conserva una aprobación de gestión superior al 50%. El propio consultor salió a explicarlos en entrevistas.

No todo el informe vio la luz, sin embargo. Los números de la Capital quedaron fuera de la difusión. Según pudo saber Tendencia de Noticias, cuando se mide partido contra partido, La Libertad Avanza y el PJ aparecen en un virtual empate técnico en el principal distrito de la provincia. Y en la pulseada por la intendencia, Rossana Chahla supera a la diputada Soledad Molinuevo por apenas dos o tres puntos.

El dato repite un patrón. Hace cinco años, en otra encuesta difundida por el mismo consultor, Haime ya advertía que en San Miguel de Tucumán la intención de voto peronista era más baja que en el resto de la provincia. La diferencia es el contexto. Con un oficialismo que confía en su fortaleza en el interior, la Capital vuelve a ser el territorio en el que el peronismo tiene menos margen.