Nadie mató a Paulina Lebbos

Lo dijo la Corte Suprema de Justicia: bien absuelto está César Soto, el novio de Paulina Lebbos, el padre de la hija a la que no dio ni su apellido ni alimentos, el hombre que la quiso ahorcar pero no pudo porque ella se escapó. Bien absuelto está porque la fiscalía no logró probar, con pelos y señales, que la noche del 26 de febrero Paulina llegó a su casa, tal como anunció que haría. 

Tampoco se probó que hayan discutido esa noche, que él la haya asesinado asfixiándola con sus manos, que haya bajado el cuerpo por las escaleras del monoblock de Estado Unidos al 1.200, donde vivía, y que lo haya llevado hasta Tapia, donde apareció mutilado. 

Nada se pudo probar 20 años después: Soto fue juzgado en 2026. ¿Cómo obtener evidencia de un crimen tras dos décadas de misterio? La Corte, al igual que la Sala III de la Cámara Conclusional, reprocharon que el fiscal Carlos Sale no pidió medidas investigativas tales como una inspección ocular, un relevamiento planimétrico y fotográfico del departamento de Soto y del monoblock, para determinar cantidad de habitaciones, puertas,escaleras, pasillos, accesos, espacios comunes y circulación interna, un informe socioambiental respecto del domicilio de Soto y del edificio, para evaluar hábitos de los moradores, visibilidad, circulación y condiciones acústicas, de modo de determinar si un episodio de violencia y el egreso de un cadáver podían pasar inadvertidos, una reconstrucción del hecho en el lugar y de la mecánica material del traslado del cuerpo y su llegada a Tapia, recorrido posible, tiempos estimados e investigar con rigor el vehículo que habría podido usarse para extraer y trasladar el cuerpo, la licencia de conducir y la disponibilidad de rodados. Y esas son sólo algunas de las medidas omitidas. 

Carlos Sale

¿Hubiera cambiado algo? Sale considera que hubiera resultado inoficioso “por no decir ridículo pretender llevar a cabo hoy, a veinte años vista, las medidas que el propio Tribunal, en una suerte de juez y parte, sugiere”. Y es probable que tenga razón. Porque no sólo pasaron 20 años de misterio: por la causa pasó el poder político. Si ya es difícil investigar un crimen con dos décadas de demora, resulta casi utópico, además, cuando las más altas autoridades de seguridad de la Provincia terminaron presas por encubrir el crimen. 

Sin embargo, ni el secretario de Seguridad ni el jefe de Policía hubieran podido proteger al asesino como lo hicieron si hubiera saltado un sólo resorte, el que tenía que saltar: la mirada implacable de un fiscal a cargo de la investigación. Y es allí cuando aparece la figura de Carlos Albaca, siempre presente en el escándalo, el fiscal que debía investigar y que guardó el expediente, literalmente, durante siete años en una caja fuerte con llave bajo secreto de sumario. En ese tiempo, se pudrieron los pelos que Paulina tenía en la mano cuando intentó defenderse de su asesino, se tiraron a la basura las larvas que estaban sobre su cuerpo, se plantaron pistas falsas y remiseros truchos, se ocultaron videos de la autopsia y se sacó a Alberto Lebbos de la querella. Albaca también terminó preso, pero demasiado tarde: el trabajo ya estaba hecho. 

Carlos Albaca

Aún así, la Corte considera que el fiscal de la causa “Soto sobre Homicidio” podría haber intentado algunas medidas. Probablemente no lo hizo porque, en lugar de probar su teoría del caso, quizás terminaba probando lo contrario. Demostrando que no se puede probar nada ya a estas alturas: nadie sabe cómo era el monoblock hace 20 años, qué modificaciones se hicieron, cómo retumbaban los ruidos en esa época, quién estuvo despierto para escucharlos por poner algunos ejemplos. Además, murieron tantas personas vinculadas a la causa… Por muerte natural:  es la ley de la vida, las personas van falleciendo aquí y en todas partes del mundo. 

Esa sería una respuesta tranquilizadora: decir que la falta de investigación del crimen de Paulina es cosa del pasado, mañas delictivas de un fiscal que terminó preso y de Policías corruptos. Pero la memoria de Paulina parece condenada a repetir los mismos senderos: hoy, el mismo Ministerio Público Fiscal sigue sin mover prácticamente un dedo por la causa. 

Aunque los tiempos han cambiado desde la muerte de Paulina, las viejas costumbres no. Lebbos pasilleó por tribunales pidiendo sin suerte información sobre el expediente durante los primeros siete años de la investigación. Pese a gritar fuerte todos los martes en la plaza, a recibir apoyo de todas partes del país y a tener un abogado implacable, no consiguió hasta 2013 tener alguna novedad. 

Hoy, la historia se repite. En 2018, la Justicia ordenó investigar a cerca de 40 personas por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, entre otros. Hasta el día de hoy, más que un listado de números de expedientes, al padre de Paulina no le dieron más datos sobre la suerte de esas causas. Con cuentagotas y gracias a la buena voluntad de algunos empleados judiciales que, por lo bajo, lo ayudan, Lebbos ya logró averiguar el destino de algunas: juicios abreviados, debates sin difusión pública y absoluciones lisas y llanas, de las que ya se entera demasiado tarde. Otros expedientes, como el que investiga a José Alperovich (su firma está en todo el entramado de encubrimiento del crimen) ni siquiera dio el primer paso: llamarlo a declarar. Y de esto hace ya ocho años. 

La historia es una serpiente que se devora a sí misma. El secreto vuelve a ennegrecer el destino de la Justicia tucumana. En 20 años, pasó de todo en el mundo y en la vida de las personas. César Soto, por ejemplo, ya no es ese pibe adicto sin ganas de trabajar que ni siquiera reconocía a su hija. Lebbos ya no es ese hombre joven que fumaba y gritaba sin descanso, bajo el sol o en la lluvia; y se le atrevía al mismísimo diablo: la misma pasión vive ahora en el cuerpo de un hombre que peina canas, que perdió a otra hija y perdió a su esposa y a su nieta. José Alperovich ya no es el señor feudal de la provincia sino un anciano condenado por delitos sexuales, recluido en una lujosa jaula en Puerto Madero. Tribunales se mudó, los juicios se hacen bajo otro Código Procesal, los juzgados están ocupados por otras personas y hasta la Constitución cambió. 

Alberto Lebbos

Pero hay un sólo nombre que se mantiene firme en Tribunales desde esos tiempos: Edmundo “Pirincho” Jiménez. Antes, ministro de Gobierno y Justicia, participó de la conformación adicta del Poder Judicial alperovichista. Desde 2014, jefe de los fiscales, de los que investigan y de los que no. Hasta el momento y a ocho años de la sentencia que ordena que sus investigadores procesen a los presuntos encubridores, no se sabe qué acciones tomó al respecto. 

Esta semana, la Corte terminó de confirmar algo que parece imposible: nadie mató a Paulina Lebbos. Nadie apretó su cuello hasta quitarle el último suspiro. A nadie protegieron el secretario de Seguridad y la cúpula de la Policía. Por nadie exitosos funcionarios se jugaron el pellejo, la carrera y la libertad. Nadie la tiró a la orilla de la ruta para que la destrocen los animales. Y todo eso, en tiempo récord: en sólo cuatro meses, el Máximo Tribunal resolvió cuatro excusaciones, convocó a dos juezas y emitió el fallo. 

Edmundo Jiménez

¿Y si fue el vecino de César Soto? Busquen por ahí, dijo la Corte, a 20 años del crimen y con las pruebas científicas podridas por el tiempo y la mala conservación. Como si tanto tiempo después fuera posible encontrar algún indicio, como si nadie hubiera encubierto a nadie, como si el Ministerio Público Fiscal tuviera ganas de encontrar al asesino.