La hora de las instituciones: un manual para no volver a matar a Paulina Lebbos

Los 80 minutos que se tomó ayer el juez Fabián Fradejas para reprochar a la Fiscalía la falta de investigación del crimen de Paulina Lebbos fueron más intensos que todo el accionar del Estado en estos últimos años. El fracaso del juicio oral más esperado de las últimas décadas consagró la impunidad como un mal endémico en Tucumán.

El hecho de que el asesino de Paulina siga caminando en libertad por las calles de Tucumán no es producto de la desidia o de la negligencia de un par de fiscales. Es el resultado de un plan organizado de encubrimiento en el que los tres poderes del Estado tuvieron alguna participación. 

La larga y dolorosa “causa Lebbos” tiene dos etapas, divididas por la histórica sentencia que, en 2019, condenó a los encubridores del crimen. En las dos, el Estado tuvo una participación activa y sistemática para que el nombre del asesino nunca saliera a la luz. 

Primera etapa: 2006 a 2013

El Poder Ejecutivo se destacó desde el principio por los delitos cometidos por las más altas autoridades de Seguridad de la provincia y los policías que encubrieron el crimen. Pero, también, por contratar (literalmente) en 2006 a tres comisarios retirados para plantar una pista falsa en el expediente; por reintegrar a la fuerza al policía que había confesado la adulteración de las actas y luego ascenderlo dos veces; por sostener al ex ministro Público Fiscal Luis De Mitri aún cuando era evidente que el expediente se encontraba paralizado y en secreto. 

La Legislatura tuvo un rol protagónico en el entramado, desde siempre. Fue quien nombró al “viudo” César Soto como empleado, pese a que nunca fue a trabajar; y fue el legislador Eduardo "Pinky" Rojas quien le puso un abogado gratis que terminó logrando sacar a Alberto Lebbos de la querella. Pero también es el órgano que rechazó, durante años, los pedidos de Juicio Político contra quienes mantenían, de manera ilegal, el expediente paralizado y bajo secreto de sumario. Materialmente, estuvo encerrado en una caja fuerte durante casi siete años. 

El Poder Judicial no desentonó. Aportó un fiscal, Alejandro Noguera, que debió renunciar porque fue sorprendido saliendo en medio de la noche de la casa de quien debía investigar: José Alperovich. Luego, aportó otro, Carlos Albaca, que literalmente paralizó la causa para encubrir al asesino. 

En 2013, un fiscal díscolo tomó las riendas de la investigación y provocó una revolución en la causa. La investigación de Diego López Ávila fue tan implacable que logró, cinco años después, sólidas condenas por unanimidad contra las más altas autoridades del área de seguridad. 

Segunda etapa: 2019 hasta hoy

Pero pronto la oscuridad volvió a adueñarse de la causa. El Ministerio Público Fiscal no cumplió con la orden del tribunal de investigar a más de 43 personas por delitos como falso testimonio y encubrimiento. Lebbos, entonces, volvió a recurrir a la Legislatura, que nuevamente respondió con silencio.

Pero la inacción de la Comisión de Juicio Político no respondió a la clásica “pereza” legislativa. De hecho, desde 2019 la Legislatura batió récords en cantidad de juicios políticos y destituyó a cinco magistrados. Sin embargo, archivó sistemáticamente cada pedido de juicio político que se presentó contra Edmundo Jiménez sin siquiera correrle traslado. Es decir, sin molestarlo para que se defienda: los legisladores lo hicieron por él. 

El Ejecutivo tampoco estuvo ausente en la segunda etapa de la oscuridad del caso Lebbos. Ninguno de los gobiernos se ocupó de preguntar que pasaba en un Ministerio Público Fiscal, que permaneció vallado durante seis años, sin acceso al público y con decenas de causas sin investigar. Y ojo, porque las del caso Lebbos tenían, justamente, a la Administración Pública como víctima. 

La Casa de Gobierno, que aportó los abogados de la Fiscalía de Estado para infinidad de causas en las que se autopercibía víctima, no envió siquiera a un cadete a averiguar qué ocurría con las de falso testimonio y encubrimiento del caso Lebbos, en las que el afectado era el Estado.

Finalmente, el Poder Judicial fue la estrella de la segunda etapa. Dejó prescribir muchos de los expedientes y a otros los cerró mediante juicios abreviados visualmente secretos, que dejaron a todos los acusados en libertad. Y respecto de la causa por el homicidio propiamente dicho, el papelón fue peor: elaboró una teoría que el tribunal terminó definiendo como “descabellada” y manifestó una parálisis investigativa parecida a la de los primeros años. 

El fiscal Carlos Sale ya había sorprendido a todos planteando la hipótesis de que el asesino era Soto y el encubridor era Kaleñuk. No había un sólo móvil que justificara esa creencia, que escapaba a toda lógica: el hijo de una de las personas más poderosas de la provincia ayudando a un don nadie a esconder el cadáver de una mujer. Y luego, todo un gobierno (todo un Estado) encubriendo al encubridor. Y todo ello, sin producir una sola prueba propia, utilizando las evidencias aportadas por el juicio anterior. 

La teoría era tan débil cuando Sale la formuló que el fiscal de Cámara Daniel Marranzino informó al Tribunal que él no iba a poder sostener la acusación en juicio, por lo que se volvió a convocar a Sale. El investigador no aportó tampoco nuevas medidas durante el juicio y el resultado, además de desastroso, era esperado. 

No se pueden revertir 20 años de impunidad sin quemarse con la luz de la verdad: la justicia no es asunto de cobardes. La democracia tampoco. 

Durante dos décadas años ninguno de los poderes del Estado reaccionó ante el oscurantismo, la corrupción y el encubrimiento del Ministerio Público Fiscal. Con causas paralizadas y bajo secreto, en un edificio vallado durante los últimos años, a ningún funcionario se le ocurrió poner en movimiento los mecanismos que la democracia prevé para el control de las instituciones.

No hubo auditorías, interpelaciones, pedidos de explicaciones, cambio de responsables políticos. No hubo ni siquiera respuestas por escrito a los numerosos pedidos presentados por Alberto Lebbos ante los tres Poderes del Estado. Nada. El silencio más desolador y escandaloso que se pueda padecer. 

El “paso del tiempo” no es una entidad autónoma, que destruye pruebas y oculta la verdad por capricho, como si se tratara de un ente vivo. Quienes degradan evidencia y la pierden son los humanos, que a veces hacen y otras omiten. Son los funcionarios que, sin haber participado del delito, hacen la vista gorda contra otros funcionarios que incumplen su deber. Son los legisladores que no piden explicaciones, los gobernadores que no cambian a los ministros Públicos Fiscales y no ordenan a sus abogados intervenir en las causas, son los investigadores que no investigan. 

Y sí, cada uno de los que permiten que "el paso del tiempo" borre todo tienen responsabilidad. Cada plazo vencido, cada evidencia degradada, cada medida no solicitada, cada prueba perdida tiene nombre y apellido.

La hora de las instituciones

Alberto Lebbos ya anticipó que pedirá juicio político para el jefe de los Fiscales. Si la Legislatura reacciona como lo viene haciendo hasta ahora, archivando de manera automática cualquier denuncia contra Jiménez, cada uno de los parlamentarios que lo hagan entrarán por la puerta grande a la fiesta de la impunidad. 

Si el Gobierno de la provincia continúa sin querellar en las causas que lo tienen como víctima, sumará el nombre de sus autoridades a la nefasta lista de quienes pasaron por la “causa Lebbos” mirando para el costado o, en el peor de los casos, encubriendo activamente al asesino. 

Si la Justicia no emite un fallo innovador y creativo y acepta una nueva querella que pueda apelar el fallo, los magistrados profundizarán la desconfianza que ya corroe a los tucumanos. 

Si el asesino continúa en libertad, todos los tucumanos estamos en peligro. Si dejamos de buscarlo, todos somos el asesino.