
Foto: TDN
Lo que ocurrió en la Sala III en el marco del juicio por el crimen de Paulina Lebbos no es solo un fallo judicial. Es, lisa y llanamente, un retrato crudo del estado de una investigación que, a más de 20 años, sigue sin respuestas. Y peor aún: deja al descubierto un accionar que roza la negligencia.
El juez Fabián Fradejas, en una exposición que se extendió por más de 80 minutos, no utilizó eufemismos. Fue directo. Contundente. Inapelable. Las frases quedaron resonando como un golpe seco a la credibilidad del Ministerio Público Fiscal:
“No se vio, o por lo menos yo nunca vi, esta falta de investigación”.
“No se hizo una sola prueba relacionada al señor Soto”.
“No hay prueba. Y no es que no se tuvo la oportunidad”.
No son opiniones periodísticas. Son afirmaciones de un juez que presidió el proceso.
El fiscal Carlos Sale y su equipo llegaron a juicio sin pruebas. Esa es la síntesis más brutal de lo ocurrido. Durante 14 audiencias, se movilizó todo el aparato judicial: jueces que postergaron otras causas, abogados que reordenaron agendas, testigos convocados, imputados sometidos a proceso y, sobre todo, una familia que volvió a revivir el dolor. Todo, para que el resultado final sea la constatación de que no había nada sólido que juzgar.
El propio tribunal lo dejó expuesto: la acusación se sostuvo sobre una estructura vacía. Y cuando llegó el momento decisivo, el fiscal optó por retirar los cargos sin siquiera explicar con claridad los fundamentos. “‘Llegamos a mitad de camino’ fue el único argumento”, señaló Fradejas. Una frase que, lejos de justificar, agrava el cuadro.
¿Qué significa “quedarse a mitad de camino” en una causa de esta magnitud?. ¿Quién se hace cargo del tiempo perdido, del desgaste institucional y del daño irreparable a la familia de la víctima?. Porque aquí no solo falló una estrategia judicial. Falló un sistema.
La absolución de César Soto y Sergio Kaleñuk no es, en sí misma, el problema. Es la consecuencia lógica de un proceso sin sustento probatorio. Lo grave es haber llegado a esa instancia en esas condiciones.
Y más grave aún es el silencio. El fiscal Sale abandonó la sala sin dar explicaciones públicas. Sin asumir responsabilidades. Sin ofrecer una sola respuesta a una sociedad que sigue esperando saber qué pasó con Paulina. Mientras tanto, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, volvió a denunciar lo que considera un entramado de decisiones que exceden a un solo funcionario y apuntan al corazón del Ministerio Público Fiscal.
¿Habrá consecuencias?.
¿Algún organismo de control evaluará el desempeño de quienes llevaron adelante la acusación?.
¿Los legisladores, responsables de ejercer control institucional, tomarán cartas en el asunto?.
En cualquier ámbito, la falta de resultados acompañada de errores graves tiene consecuencias. En la justicia, sin embargo, parece que no.
El caso Lebbos ya es, por derecho propio, una herida abierta en la historia judicial de Tucumán. Pero lo ocurrido en este juicio suma un nuevo capítulo: el de la impericia elevada a escena pública.
Un proceso que demandó tiempo, recursos y expectativas terminó convertido en un ejemplo de lo que no debe hacerse. Un “manual del error” que deja una pregunta flotando, incómoda, inevitable: ¿Este nuevo papelón quedará, otra vez, impune?.

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