
El proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), que determinará los costos del servicio eléctrico en Tucumán hasta agosto de 2030, ingresó en su etapa decisiva. Tras una reunión mantenida en la Legislatura con el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante, Sergio Mansilla, el interventor del ERSEPT, José Ricardo Ascárate, confirmó que se encuentran en el último tramo del análisis para definir un esquema que logre equiparar la capacidad de pago de los ciudadanos con las demandas técnicas y financieras de la empresa EDET. Este equilibrio es fundamental, dado que se proyecta un plan de inversiones que superará en un 30% al actual, con el objetivo de mejorar la calidad de una prestación que hoy enfrenta severos cuestionamientos sociales.
Vale recordar que durante el proceso de audiencia pública en enero pasado (foto inferior), EDET y su consultora técnica, BA Energy Solutions, justificaron la necesidad de un nuevo cuadro tarifario basándose en el fuerte desfasaje de costos provocado por la inflación y un crecimiento de la demanda de potencia superior al 30%, traccionado principalmente por el sector residencial. La distribuidora propuso un ambicioso plan de inversión de $220.000millones para el periodo 2025−2030, argumentando que estos fondos son vitales para la expansión de redes y nuevas tecnologías. Asimismo, la consultora estimó que el sistema requiere ingresos anuales de $330.224 millones para ser sostenible, considerando una "empresa modelo" eficiente y una rentabilidad razonable que contemple el riesgo país.
En ese sentido, Ascárate en la reunión con el titular de la Cámara y también el presidente de la Comisión de Energía y Comunicaciones, Alberto Olea, remarcó que el eje del proceso está puesto en el equilibrio entre inversión y capacidad de pago de los usuarios. “Vamos a defender los intereses de los tucumanos, sosteniendo la tarifa social provincial y avanzando en un plan de inversiones que estará cerca de un 30 % por encima del actual. La idea es mejorar la calidad del servicio con un esquema tarifario adecuado a lo que la gente puede pagar”, sostuvo.

Sin embargo, estos requerimientos técnicos chocan con una realidad de servicio que fue calificada como deficiente por diversos sectores. El ex Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, había denunciado en aquella audiencia la existencia de "ciudadanos de cuarta y de quinta" en el interior de la provincia, donde se registran postes caídos, baja tensión crónica que impide el uso de maquinaria y pérdidas en el sistema de casi el 14%. A estos planteos se sumaron asociaciones de usuarios como FODECUS y la Unión de Usuarios y Consumidores, quienes cuestionaron duramente el Cargo por Uso de Red (CUR) por considerar que penaliza el ahorro del usuario y reclamaron por la falta de oficinas de atención en localidades alejadas.
Ante este escenario de tensiones, el ERSEPT subrayó que el nuevo sistema tarifario debe ser "justo y razonable". Ascárate enfatizó que la prioridad del organismo es “defender los intereses de los tucumanos, sosteniendo la tarifa social provincial” para proteger a los sectores más vulnerables ante la quita de subsidios nacionales. Además, se informó que el ente regulador fortalecerá los controles de calidad, pasando de 422 a 2.400 equipos de medición fija en toda la geografía provincial para garantizar que la empresa cumpla con los estándares exigidos.
Finalmente, Olea adelantó que la labor parlamentaria de seguimiento continuará la próxima semana. Se prevé una nueva convocatoria al titular del ERSEPT para que responda inquietudes detalladas de los legisladores sobre el funcionamiento del sistema y la transparencia de los informes recibidos, asegurando que toda la información esté a disposición de la ciudadanía antes de la firma definitiva del nuevo cuadro tarifario.