Millonaria causa por evasión: procesan a cinco directivos del Ingenio La Trinidad

Cinco personas fueron procesadas por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán acusadas de integrar una organización ilícita dedicada al vaciamiento de empresas y a la evasión sistemática al fisco, en una causa que expone maniobras sostenidas durante más de una década en torno al funcionamiento del Ingenio La Trinidad. La información fue consignada por el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El juez Guillermo Díaz Martínez dictó el procesamiento del empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud como organizador de la estructura, con un embargo de 1.000 millones de pesos. En tanto, también fueron procesados como miembros de la organización Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, con embargos de 700 millones de pesos cada uno.

Todos los imputados fueron acusados como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en la Ley 27.430 de Régimen Penal Tributario, en función de distintas normas del Código Penal.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dirigida por Diego Velasco. El caso se inició en 2018 a partir de una denuncia ante la AFIP (actual ARCA), que derivó en una serie de allanamientos en los que se detectaron importantes irregularidades, entre ellas el hallazgo de más de 176 mil bolsas de azúcar sin respaldo documental en un depósito clandestino.

Una estructura para evadir

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la organización implementó un esquema basado en la creación de empresas “desechables” que explotaban el ingenio por períodos acotados. Una vez acumuladas deudas millonarias con el fisco, esas firmas eran vaciadas y reemplazadas por nuevas sociedades integradas por los mismos actores.

Entre las firmas utilizadas figuran MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares S.A., que habrían sido utilizadas para sostener la operatoria.

Según la acusación, mediante este mecanismo se evadieron sistemáticamente tributos nacionales como el IVA y el impuesto a las ganancias, además de apropiarse de recursos de la seguridad social y recurrir a empleo no registrado. La maniobra incluía venta de azúcar sin facturación, uso de remitos irregulares, traslados nocturnos para evitar controles y utilización de facturación apócrifa.

Los fiscales sostuvieron que no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada con división de roles y continuidad en el tiempo, orientada específicamente a defraudar al Estado.

Millonaria evasión y posible ampliación de la causa

En base al análisis de causas tributarias vinculadas al grupo económico entre 2005 y 2019, el MPF estimó que el monto total evadido supera los 434 millones de pesos, producto de las maniobras realizadas a través de las distintas კომპანი estructuras societarias.

Además, no se descartó la incorporación de nuevas causas, dado que —según la investigación— el ingenio habría continuado operando bajo la misma modalidad en años posteriores.

Al resolver los procesamientos, Díaz Martínez rechazó el planteo de las defensas que buscaban suspender la acción penal por la adhesión a moratorias fiscales. El magistrado sostuvo que el delito de asociación ilícita tributaria es autónomo y no queda neutralizado por el pago posterior de las deudas.

En ese sentido, advirtió que “el mero pago posterior de los impuestos descubiertos no anula el hecho de haber montado una empresa criminal”, y remarcó la “elevada peligrosidad” de estructuras organizadas para delinquir contra el orden público.

Para el juez, las empresas investigadas no respondían a una actividad genuina, sino que fueron diseñadas como herramientas para evadir y defraudar al Estado de manera sistemática.