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El proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles volvió este jueves al centro del debate en el Senado, durante una sesión ordinaria marcada por las diferencias entre las provincias productoras. Mientras la tucumana Beatriz Ávila respaldó la iniciativa por su impacto esperado en la industria azucarera y el bioetanol, el pampeano Daniel Bensusán cuestionó el esquema previsto para el biodiésel y adelantó su rechazo al dictamen.
La discusión llegó al recinto después de que la sesión prevista la semana pasada no pudiera concretarse por falta de acuerdos. Una de las principales diferencias se concentró en la participación que tendrán las pymes de biodiésel frente a las grandes empresas integradas, vinculadas también con la producción y exportación de aceite de soja.
Ávila afirmó que el nuevo marco regulatorio busca garantizar estabilidad durante 15 años, una condición que, según sostuvo, permitirá impulsar inversiones privadas. “Finalmente, después de muchos meses de tarea, llega al plenario un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles”, señaló a la prensa antes de que iniciara la sesión y calificó la iniciativa como trascendente para las economías regionales.
El dictamen propone elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas y llevar del 7,5% al 10% la mezcla de biodiésel en el gasoil. “Esto va a tener un gran impacto en las economías regionales: significa mayor productividad, generación de empleo, inversiones y mayores ingresos para las provincias”, expresó Ávila.
La representante tucumana también destacó la importancia de la industria sucroalcoholera para la provincia y recordó el antecedente del Plan Alconafta, desarrollado en Tucumán durante la década de 1970. Además, sostuvo que el proyecto contempla aspectos vinculados con los precios, las importaciones, las exportaciones y la posibilidad de que las provincias autoricen porcentajes de mezcla superiores a los establecidos en el régimen nacional.
Bensusán cuestionó las condiciones para las pymes
En una posición contrapuesta, Bensusán confirmó que no acompaña el dictamen firmado en comisión. “Nosotros no estamos de acuerdo con el dictamen. Veníamos trabajando, defendiendo principalmente a las pymes que generan biodiésel en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires”, explicó el senador justicialista.
El senador pampeano sostuvo que esas empresas necesitan una segmentación específica para poder competir con las compañías instaladas cerca de los puertos y con acceso directo a la materia prima. “Estamos de acuerdo con que haya competencia, pero competencia entre iguales”, remarcó. Según planteó, una planta ubicada a 600 kilómetros del puerto de Rosario debe afrontar mayores costos de transporte y logística que las firmas vinculadas con las grandes cerealeras.
Bensusán indicó que las modificaciones solicitadas por las provincias no fueron incorporadas y advirtió sobre el posible impacto en más de 1.500 empleos directos, 8.000 indirectos y unas 400 extrusoras de soja del interior.
Las posturas de ambos senadores reflejan así la tensión que atraviesa el proyecto: por un lado, la expectativa de las provincias productoras de bioetanol ante la ampliación del mercado y, por otro, el reclamo de un sector del biodiésel por mayores garantías frente a la apertura gradual de la competencia.