
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación puso en marcha un nuevo procedimiento administrativo para el tratamiento de sumarios vinculados al control comercial agropecuario, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de resolución de los expedientes y dotar de mayor previsibilidad al sistema.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 89/2026 y alcanza a los expedientes por infracciones relacionadas con la actividad comercial de los sectores granario y cárnico que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la normativa.
Uno de los principales cambios es la reducción de los plazos de tramitación. Mientras que hasta ahora muchos expedientes podían permanecer abiertos entre tres y diez años antes de llegar a una resolución definitiva, el nuevo esquema apunta a completar todo el proceso en aproximadamente 90 días.
Desde la cartera agropecuaria señalaron que la ausencia de criterios y tiempos definidos provocó en años anteriores una importante acumulación de causas, algunas iniciadas hace más de una década. Según explicaron, esa demora terminaba restándole efectividad a las sanciones y limitaba su capacidad para corregir conductas irregulares o desalentar prácticas de competencia desleal.
Con la actualización del procedimiento, el Gobierno busca establecer etapas claras y plazos razonables para cada instancia administrativa, garantizando al mismo tiempo el derecho de defensa de los operadores involucrados y una mayor transparencia en la gestión de los expedientes.
La nueva modalidad ya venía siendo aplicada de manera interna por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario durante 2025, aunque ahora quedó formalmente incorporada al marco normativo vigente.
Desde Agricultura sostuvieron que la modernización permitirá que las medidas sancionatorias tengan un efecto oportuno sobre el mercado, favoreciendo un funcionamiento más ordenado, transparente y competitivo. De esta manera, las herramientas administrativas recuperan su función central: asegurar reglas claras y promover condiciones de competencia leal para quienes cumplen con la normativa.