Tras las advertencias del Ministerio del Interior, presentan un nuevo proyecto para corregir una ley sobre una polémica regularización dominial

Tras la controversia generada durante la sesión del pasado 28 de mayo, el legislador Mario Leito (foto inferior) presentó sendos proyectos para modificar la normativa de su autoría —que fue sancionada pero aún no promulgada por el Poder Ejecutivo— que autoriza la desafectación del dominio público de terrenos en San Pablo y El Manantial. Esta rectificación surge en un escenario de tensión legislativa donde se cuestionó la falta de planificación metropolitana y el posible "estrangulamiento" de vías públicas en favor de emprendimientos privados. El nuevo texto legal busca dar respuesta a las objeciones, estableciendo en su Artículo 2° que la medida “tiene por finalidad exclusiva de implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona”.

Durante el debate de fines del mes pasado, el oficialismo defendió la medida como una solución de seguridad jurídica para 80 familias humildes. Leito argumentó que se buscaba “resolver estas cuestiones porque los comisionados comunales consideran que pueden con las empresas privadas tener un desarrollo en la zona que permita el crecimiento”, posibilitando que el Estado entregue la propiedad a personas que enfrentaban amenazas de desalojo. Sin embargo, la oposición, encabezada por Manuel Courel, denunció que la ley “va en contra de toda planificación urbana” al cerrar la posibilidad de abrir calles esenciales para el tránsito norte-sur. En esa línea, el legislador Alfredo Toscano fue más allá al sugerir un condicionamiento por parte del sector privado (en particular la firma Citrusvil S.A.), señalando que “hay un privado haciendo uso de tierra pública hace muchos años... hoy, casi apretándonos, nos está diciendo 'Si ustedes no me dan esto yo corro tal gente'”.

Ante estas sospechas, la nueva redacción de la ley supedita su operatividad a un gesto legal de la empresa involucrada. Según el modificado Artículo 2°, la eficacia de la norma “queda sujeta al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional por parte de la firma Citrusvil S.A. de toda acción y derecho, presente o futuro, que pudiere corresponderle respecto de los inmuebles objeto de la presente norma”, debiendo la firma acreditar los actos procesales para el archivo de procesos vigentes “sin reserva de derecho alguna”.

Informes técnicos y la postura de Citrusvil

La necesidad de reforma también encuentra sustento en las observaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas. En sus informes sobre El Manantial y San Pablo, el organismo advirtió que la descripción técnica de los inmuebles en el proyecto original era “incorrecto”, ya que se pretendía desafectar como parcela catastral lo que en realidad es un “camino en desuso”. El dictamen jurídico subrayó que un proyecto de esta naturaleza “debe estructurarse de forma estricta, por cuanto los bienes públicos poseen características que demandan un especial esfuerzo técnico ya que estos son inviolables, inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

No obstante, la Dirección aconsejó avanzar con las gestiones para la concreción de la ley, pues de manera paralela se tramita el ofrecimiento de Citrusvil S.A. para donar inmuebles con el fin de “contribuir al desarrollo comunitario tendiente al ordenamiento territorial de las familias residentes”, compensando así la pérdida de utilidad pública de los caminos desafectados.

Por su parte, la empresa formalizó su compromiso mediante notas enviadas por su presidenta, Agustina María Lucci, quien manifestó que la firma “asume en este acto, en forma expresa e irrevocable la obligación futura de transferir a título gratuito a favor de la Provincia de Tucumán” diversos inmuebles para la regularización e integración urbana. Estas transferencias, según el compromiso privado, deberán formalizarse en un plazo de 60 días a partir de la aprobación de los planos de mensura actualizados.