
El Gobierno de Tucumán dispuso la cesantía de cuatro efectivos de la Policía provincial que se desempeñaban como Personal Transitorio Policial (PTP), luego de que fueran vinculados a distintas causas penales y faltas consideradas incompatibles con la función. Las medidas fueron oficializadas mediante una serie de decretos publicados este martes 16 de junio en el Boletín Oficial.
Las resoluciones, impulsadas por la Jefatura de Policía y refrendadas por el Ministerio de Seguridad, alcanzan a Franco Gabriel Leal, Luciano Nicolás Reyes, Sabrina Elizabeth Albornoz y Enzo Gustavo Montenegro, quienes fueron desafectados y separados en forma inmediata del servicio activo por no reunir las condiciones exigidas para permanecer en la institución.
Uno de los casos corresponde al agente Franco Gabriel Leal, quien se encontraba bajo investigación en una causa por robo con arma de fuego que tramita ante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV del Centro Judicial Capital. A raíz de esa situación, Asuntos Internos y el Departamento Personal concluyeron que su conducta resultaba incompatible con el ejercicio de la función policial.
Narcomenudeo
Otra de las medidas recayó sobre Luciano Nicolás Reyes, quien había sido pasado a situación pasiva tras ser involucrado en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y narcomenudeo. El expediente señala además que el efectivo registraba antecedentes disciplinarios, por lo que las autoridades consideraron que había perdido las condiciones necesarias para continuar en la fuerza.
Certificado trucho
Por su parte, la agente Sabrina Elizabeth Albornoz fue desvinculada luego de una investigación interna que determinó que había presentado un certificado médico apócrifo para justificar una licencia. La maniobra fue detectada tras una verificación realizada por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), que estableció que la firma del profesional que figuraba en el documento no coincidía con la registrada oficialmente.
Según surge del expediente, la propia agente admitió que no había sido atendida por el médico mencionado y que el certificado había sido obtenido por intermedio de una tercera persona. Incluso, en el marco de la causa penal, realizó un pago de $500.000 como reparación.
Robos en comisaría
En tanto, Enzo Gustavo Montenegro fue apartado de la institución tras quedar involucrado en una investigación por presuntos delitos cometidos en la Comisaría de Aguilares. La causa, caratulada "Empleados policiales a determinar de la Comisaría de Aguilares s/Hurto y otros delitos", motivó la apertura de un sumario administrativo y el posterior pedido de cesantía.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo fundamentó las medidas en el carácter transitorio de las designaciones y en la facultad que posee para disponer el cese inmediato cuando existan hechos que afecten la disciplina, la idoneidad o el prestigio de la institución policial.
Las actuaciones contaron con la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos Policiales, la Asesoría Letrada de la Policía, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado, que avalaron las decisiones finalmente plasmadas en los decretos publicados este martes.
Las bajas se producen en medio de una política de control interno impulsada desde el Ministerio de Seguridad, orientada a separar de la fuerza a los efectivos involucrados en delitos o conductas que comprometan el desempeño y la imagen institucional de la Policía de Tucumán.