Tensión en el fuero laboral tucumano: trasladaron a una jueza en lugar de al director de la OGA que ella cuestionó

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió el 13 de mayo pasado la Acordada N° 403/26, que dispone una reorganización en la asistencia de los Juzgados del Trabajo del Centro Judicial Capital. El texto es técnico y aséptico: el Juzgado de la V° Nominación pasará a ser asistido por la Oficina de Gestión Asociada (OGA) del Trabajo N° 3, mientras que el de la XII° Nominación migra en sentido inverso hacia la OGA N° 1. El cambio opera desde el 29 de mayo de 2026. Pero detrás de esa prosa administrativa hay un conflicto que el documento no menciona.

La jueza Constanza Romero, titular del Juzgado del Trabajo de la V° Nominación -que dependía de la OGA N° 1-, habría acumulado diferencias con Gustavo Grucci, director de esa oficina. Según pudo constatar Tendencia de Noticias, el malestar no habría sido solo de ella: los otros tres jueces que integran el esquema de la OGA N° 1 habrían respaldado a su colega y elevaron formalmente el pedido de que fuera Grucci quien dejara el cargo. La respuesta de la Corte fue la inversa: en lugar de remover al director cuestionado, trasladaron a la magistrada que lo había cuestionado.

El episodio adquiere otra dimensión cuando se conoce el entramado institucional. Grucci es un funcionario cercano a Josefina Sánchez, quien conduce la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión de la Corte -la misma dependencia que la Acordada 403/26 encomienda, junto con la Oficina de Gestión Judicial, a ejecutar la reestructuración ordenada-. Sánchez, a su vez, es considerada una figura de confianza del presidente del tribunal, Daniel Leiva.

El desenlace fue precedido por una reunión en la que los jueces plantearon su posición directamente ante el presidente de la Corte. A esa reunión concurrieron también Sánchez y Leonardo Zelarayán, jefe de la Oficina de Gestión Judicial. Para los magistrados que habían pedido el cambio del director, el resultado de ese encuentro ya estaba escrito de antemano.

La acordada invoca razones de "ajustes organizativos" y mejora de la "capacidad operativa" para justificar el intercambio de juzgados entre OGAs.