La oposición busca bloquear el ascenso del juez Taboada por el polémico fallo de censura previa

El legislador radical Agustín Romano Norri anticipó este martes que votará en contra del pliego del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, propuesto por el Poder Ejecutivo provincial para ocupar de manera definitiva un cargo en el Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Monteros.

El parlamentario opositor fundamentó su rechazo en una controvertida resolución firmada por Taboada en noviembre de 2025, cuando ordenó el “cese inmediato” de publicaciones y contenidos periodísticos que, según interpretó, pudieran “injuriar, desacreditar o tergiversar” la actuación de fiscales y magistrados provinciales.

La medida había sido dictada en el marco de una causa por presunto entorpecimiento de funciones públicas y coacción institucional, y alcanzó al director de la empresa Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), Gustavo Olarte, además de periodistas, productores y conductores vinculados al canal. El pedido de aplicar este bozal legal a periodistas había sido realizado por el Ministerio Público Fiscal, que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez.

En ese contexto, Romano Norri sostuvo que aquel fallo constituye “un ataque directo a la Constitución” y cuestionó con dureza la postulación del magistrado. “Un juez debe ser, ante todo, el máximo garante del cumplimiento de la Constitución. No podemos avalar la designación de alguien que dictó una medida que, en los hechos, significó censurar a un canal de televisión y restringir la labor periodística”, afirmó el dirigente de la Unión Cívica Radical.

El legislador argumentó además que la resolución judicial vulneró garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión y libertad de prensa. “Estamos ante una clara violación de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que prohíben de forma taxativa la censura previa y protegen la libertad de expresión, además de contravenir el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, sostuvo.

La polémica medida cautelar había generado fuertes cuestionamientos de sectores periodísticos y dirigentes opositores cuando fue conocida públicamente, debido a que la resolución ordenaba además notificar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para supervisar su cumplimiento durante un plazo de seis meses.

Sin embargo, Romano Norri fue más allá del análisis jurídico del fallo y vinculó la designación de Taboada con un supuesto esquema de alineamiento entre magistrados subrogantes y el poder político provincial, que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. “No puede convertirse en una norma en Tucumán que la elección de jueces definitivos sea un premio para los jueces subrogantes que fallaron exactamente como quería el gobierno de turno”, disparó.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias institucionales que, a su criterio, tendría la aprobación del pliego en la Legislatura. “Un juez independiente debe responder a la ley y a las pruebas, nunca a las necesidades del poder político. Si el pliego de Taboada se aprueba, el mensaje para el resto de los subrogantes es nefasto: que para hacer carrera efectiva hay que complacer al Ejecutivo”, sostuvo.

El dirigente radical adelantó además que mantendrá una postura “intransigente” cuando el expediente sea debatido en el recinto parlamentario. “Por estas razones, adelanto mi rechazo absoluto. No vamos a acompañar con nuestro voto a postulantes cuyas resoluciones condicionen la libertad de expresión y debiliten, por conveniencia, la división de poderes en Tucumán”, concluyó.

La controversia promete trasladarse ahora al plano legislativo, donde el oficialismo deberá reunir los consensos necesarios para avanzar con la designación definitiva del polémico magistrado en el Centro Judicial Monteros.