“La violencia en las aulas nos está haciendo llorar”: parlamentarios del Norte instan a declarar la emergencia en convivencia escolar

La salud mental de los estudiantes y la escalada de violencia en los entornos educativos se consolidaron como una de las preocupaciones más urgentes de la agenda legislativa regional, impulsando la necesidad de marcos normativos que protejan el bienestar emocional en las aulas. Esta problemática fue abordada con profundidad durante la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, específicamente en la comisión de Educación, Modernización, Ciencia y Técnica, donde parlamentarios de diversas provincias coincidieron en que la crisis de convivencia escolar actúa como una barrera directa para el aprendizaje. La iniciativa central del debate giró en torno a la unificación de proyectos para establecer programas de formación docente continua y la declaración de una emergencia en materia de bienestar emocional, buscando dotar a las escuelas de herramientas concretas para enfrentar dramas sociales que hoy desbordan la capacidad de respuesta institucional.

La legisladora tucumana Silvia Elías de Pérez, quien presidió la comisión (foto inferior), describió un panorama alarmante sobre la situación actual de las escuelas del norte argentino. Según detalló, el debate sobre la salud mental y la violencia escolar “ha llevado la mitad del tiempo de nuestra comisión”, reflejando la gravedad de los testimonios y proyectos presentados por distintas provincias. Elías de Pérez fue enfática al señalar que la intervención estatal debe ser inmediata: “solicitamos o instamos a las provincias del Norte Grande a que dictemos un programa de salud mental escolar. Esto es urgente. Estamos viendo creciente el problema de esta temática que nos está haciendo llorar y nos trae grandes dramas en las distintas escuelas”.

En ese sentido, la parlamentaria resaltó que el plenario analizó propuestas para establecer medidas de excepción y cambios en la enseñanza. “Instamos a declarar, pedimos la declaración por 2 años de la emergencia en convivencia escolar y el bienestar emocional, recomendando que se dicten protocolos, equipos de crisis, programas que atiendan a esta materia”, explicó, y añadió que también se aconseja a las provincias “dictar educación emocional dentro de la currícula escolar” para brindar a los docentes “las herramientas necesarias para el abordaje de la salud mental”.

Por su parte, el parlamentario de La Rioja, Lisandro Rojo (foto inferior) aportó la perspectiva de los docentes que trabajan en las zonas más alejadas de los centros urbanos, donde la falta de profesionales especializados agrava la problemática. Rojo fundamentó la unificación de proyectos con Tucumán para crear programas de formación que atiendan las nuevas amenazas digitales. “Hablamos precisamente sobre el ciberacoso, el grooming, la ludopatía online en el ámbito escolar. Estos actúan como barreras en el proceso de enseñanza aprendizaje”, manifestó el legislador y también docente riojano.

Rojo hizo hincapié en que la asistencia profesional no debe estar condicionada por el lugar de residencia, proponiendo la creación de Gabinetes Pedagógicos Interdisciplinarios (GPI) en cada jurisdicción. “Sabemos la pluralidad de alumnos que nosotros tenemos en las aulas. La propuesta busca profesionalizar la asistencia sobre la salud mental en el apoyo emocional que nosotros hoy en día lo vemos por mayormente centrado en las capitales como un privilegio geográfico desde el interior”, denunció. Para el parlamentario, esta descentralización es una cuestión de justicia social: “más que un privilegio geográfico se tiene que convertir en un derecho garantizado federal donde los docentes deben centrarse en la enseñanza, generando una educación de calidad”.

Finalmente, ambos legisladores coincidieron en que fortalecer el rol del docente como "agente de equidad" es la única vía para devolver la confianza a la comunidad educativa. Rojo concluyó solicitando el acompañamiento del resto de los parlamentarios para estas propuestas que buscan “llevar respuestas sanitarias más precisamente dentro de las aulas” y, fundamentalmente, “garantizar un derecho de educación y también vamos a devolver la confianza a los docentes que hoy en día lo están necesitando”.