Freno a la reforma laboral y auxilio social: las exigencias de los legisladores del Norte para evitar un "shock económico" mayor

El Parlamento del Norte Grande se convirtió en el epicentro de un fuerte pronunciamiento contra el rumbo socioeconómico de la Nación, centrando sus críticas en el impacto devastador que las nuevas normativas laborales y el desmantelamiento de la asistencia social tienen sobre las provincias del norte. Los legisladores coincidieron en que la actual gestión federal está propiciando un "vacío social" al eliminar programas de contención sin ofrecer un puente real hacia el empleo formal, mientras que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional —hoy cuestionada judicialmente— solo profundizó la informalidad y el cierre de unidades productivas. Para el órgano regional, estas medidas no constituyen una modernización, sino una exclusión que debilita el entramado social y económico de las diez provincias que integran el bloque.

El diputado provincial del Chaco, Nicolás Slimel (foto inferior) fue el encargado de detallar la preocupación del bloque frente a la Ley N° 27.802 de reforma laboral. Slimel subrayó que, si bien la región necesita discutir una modernización, el modelo actual es regresivo. “Si hoy la Argentina tiene un 55% de informalidad laboral, claramente las provincias del norte grande llegan a un 70. Siete de cada diez trabajadores de nuestras diez provincias no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen seguro de vida, no tienen ART, no tienen previsibilidad para su familia”, sentenció el legislador.

Para Slimel, la reforma no ataca estos problemas de fondo, sino que los agrava: “Esta reforma laboral que llevó adelante el gobierno nacional no beneficia en absoluto a los trabajadores. Lo que viene a hacer es a debilitar la matriz productiva y a debilitar la matriz laboral de nuestra Argentina”. El diputado chaqueño aportó datos sobre el impacto de las medidas de la gestión de Javier Milei, señalando que redundaron en “más de 220.000 puestos de trabajo menos y más de 20.000 pymes que han cerrado”. En este sentido, destacó la intervención de la justicia que suspendió gran parte de las disposiciones y pidió que el debate no se tome como una pelea política: “Hay que tomarlo como una cuestión real y empírica, tenemos que ver cómo incorporamos a todos estos trabajadores que están en la informalidad dentro de un sistema laboral federal inclusivo”.

“No se puede capacitar con el estómago vacío”

En sintonía con este reclamo, la legisladora tucumana Nancy Bulacio (foto inferior) expuso el rechazo del Parlamento a la decisión de dar por finalizado el programa "Volver al Trabajo" (ex Potenciar Trabajo). Bulacio advirtió que no se está discutiendo un simple programa, sino el equilibrio social de la región. “La eliminación del ex Potenciar Trabajo puede tener lógica en términos de reconversión laboral, pero no se puede construir empleabilidad sobre un vacío social”, afirmó la parlamentaria.

La legisladora cuantificó el impacto económico directo en nuestra provincia, al señalar que “solo en Tucumán 54.000 personas dejarán de percibir este ingreso, lo que significa que más de 4.300 millones de pesos dejarán de circular en nuestras economías”. Según Bulacio, esto se traduce en menos ventas para los comercios de barrio y menos actividad para las pymes, planteando un interrogante ético y práctico fundamental: “¿Cómo se capacita alguien que no tiene garantizado un plato de comida en la casa? Capacitar sin sostener le llamamos excluir”.

Frente a este escenario, el proyecto aprobado propone un esquema de transición responsable que garantice ingresos mientras dure la capacitación. “Propone un puente entre la asistencia y el trabajo, porque ese puente hoy no existe. No se puede transformar la economía destruyendo el consumo local. Acompañar este proyecto es defender a nuestras provincias y a nuestra gente”, concluyó Bulacio, instando a la Nación a corregir un paradigma que, por ahora, solo genera un shock económico y más pobreza en el Norte Grande.