
Intendentes de distintos puntos del país, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires y vinculados al peronismo, se movilizaron hacia el Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación.
La protesta fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacio que nuclea a jefes comunales de todo el país. Entre los principales referentes presentes estuvo el intendente de La Matanza y titular de la entidad, Fernando Espinoza.
El reclamo también contó con el respaldo de funcionarios bonaerenses, entre ellos el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Durante la jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba participando de una disertación en la AmCham Argentina, por lo que no pudo recibir en mano el petitorio, aunque el reclamo fue igualmente visibilizado.
Entre los principales planteos, los intendentes advirtieron que los fondos retenidos en concepto de impuesto a los combustibles líquidos ascienden actualmente a 6,1 billones de pesos, recursos que originalmente estaban destinados a financiar obras en las provincias mediante el régimen de coparticipación.
En ese marco, Katopodis reclamó que el Gobierno retrotraiga el precio de los combustibles a valores de comienzos de marzo, reactive las obras previstas por ley y frene el recorte de fondos nacionales. Además, sostuvo que el incremento del precio de la nafta desde el inicio de la actual gestión tuvo un fuerte impacto en el transporte, la logística, la producción y el costo de vida.
También cuestionó el estado de las rutas nacionales y denunció que el Gobierno retuvo fondos provenientes del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS que debían destinarse a infraestructura vial.
Desde la FAM alertaron, además, sobre la caída en la recaudación, que afecta la coparticipación y pone en riesgo el pago de aguinaldos en distintas jurisdicciones.
En ese sentido, señalaron que la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros agravan la situación financiera de municipios y provincias.
Los intendentes remarcaron que, si bien muchas de las demandas recaen en los gobiernos provinciales, existen cuestiones que dependen directamente de la Nación, como la ejecución de obras públicas, la provisión de alimentos y medicamentos, y la transferencia de recursos.
Por último, subrayaron que el reclamo está dirigido al Gobierno nacional y no a los gobernadores, con el objetivo de evitar confusiones y costos políticos indebidos.