
Noticias Argentinas difundió que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular convocó para este martes a una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el salario social complementario a partir del 9 de abril.
Bajo la consigna de que el trabajo sin salario constituye una forma de explotación, la organización —que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas— busca instalar un debate sobre el impacto social de la medida y cuestionar el enfoque oficial hacia la economía popular.
Desde la UTEP sostienen que no se trata de beneficiarios de planes sociales, sino de trabajadores que generaron sus propias fuentes de ingreso ante la ausencia de oportunidades en el mercado formal, y advierten que la eliminación del ingreso de 78.000 pesos mensuales empujará a la indigencia a cerca de un millón de personas.
El reclamo también vincula la situación del sector con el deterioro general del empleo. Según estimaciones de la organización, la gestión del presidente Javier Milei habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, incrementando la presión sobre una economía popular ya debilitada.
Además, denuncian que la decisión de desvincular el salario social complementario del salario mínimo vital y móvil implicó una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores del sector, en el marco de una política que consideran regresiva.
Tensión en las calles
La jornada de protesta se perfila como un desafío al protocolo de orden público impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich, con movilizaciones previstas en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales.
Desde la organización anticiparon que la protesta será masiva y tendrá impacto en los principales corredores de circulación.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, cuestionó la medida al señalar que afecta directamente a los trabajadores más vulnerables y golpea también a las economías locales, ya que el ingreso eliminado se volcaba al consumo en comercios de cercanía.
En ese sentido, advirtió que la quita del beneficio tendrá un efecto recesivo inmediato en distintas regiones del país, especialmente en provincias del norte, donde miles de trabajadores dependen de ese ingreso.
Como ejemplo, mencionó el caso de Chaco, donde alrededor de 45.000 personas perciben ese ingreso, lo que representa más de 3.500 millones de pesos mensuales que dejarían de circular en la economía local, con un impacto estimado en la caída del consumo y el aumento de los niveles de pobreza.