La Provincia destinó en abril otros $ 4.900 millones para sostener a las empresas de colectivos

En medio de la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una nueva compensación económica de $ 4.900 millones para las empresas de colectivos, con el objetivo de sostener la prestación del servicio durante abril.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 667/8 del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la facultad de autorizar el pago de esa suma a las compañías prestatarias, a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor Tucumán (AETAT).

Los recursos anticipados por la Provincia ya fueron destinados a las empresas que operan el servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal, en el marco de la emergencia del sector.

El decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se inscribe dentro de la prórroga de la emergencia del transporte público, establecida por la Ley Provincial N° 9.773, que extendió hasta el 31 de diciembre de este año el régimen excepcional que rige para el sistema.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo advierte que la situación del transporte se ha agravado por el fuerte incremento en los costos de prestación del servicio. Entre los factores que impactan en la actividad se mencionan “los aumentos en insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y el costo laboral, que presionan sobre la estructura financiera de las empresas”.

A ese escenario se suma la reducción de los subsidios nacionales al transporte del interior del país, una política que obligó a las provincias a incrementar su aporte para evitar un colapso del sistema o subas aún más pronunciadas en el precio del boleto.

Según se señala en el decreto, el objetivo de la asistencia es” garantizar el acceso de la población al servicio de transporte público, considerado una prestación esencial para la satisfacción de necesidades colectivas”.

La norma también establece que la distribución de los fondos entre las distintas empresas debe realizarse conforme a los criterios previstos en la legislación vigente que regula la emergencia del transporte.

Advertencias del sector empresario

En paralelo, desde el sector empresario advierten que la crisis del transporte continúa profundizándose y reclaman definiciones sobre el financiamiento del sistema.

Esta semana, el vicepresidente de AETAT Jorge Berreta, expuso la delicada situación del sector en el marco de una mesa de diálogo abierta con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde se analizan alternativas para sostener el servicio urbano.

“El transporte está inmerso en una crisis hace muchísimos años. Nosotros hicimos los planteos necesarios ante el Municipio, que son básicamente que el transporte tiene un costo. Dejamos nuestro estudio técnico, que es discutible, porque todo es discutible, y dicen que buscan trabajar en un estudio de costos propios. Quien tiene que decidir sobre el transporte es el Estado; en este caso es el Municipio, y ellos tienen que decidir quién va a pagar ese costo”, sostuvo.

El dirigente remarcó además las dificultades que enfrentan las empresas para sostener la actividad sin una solución estructural aportada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Yo no sé si tienen que aportar fondos o no, pero tienen que solucionar el problema de garantizar la ecuación económica mínima de las empresas, porque si no un privado, por más que haga esfuerzo y se endeude como lo hicimos, no puede sostener el sistema”, afirmó.