La foto financiera de la Caja: $20.650 millones disponibles y más de $16.300 millones invertidos

El 22 de enero de 2026, a las 20.40, el escribano Rodrigo Joaquín Cabrera Aráoz, adscripto al Registro Notarial N° 68, se constituyó en la sede de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, en San Martín 469, a pedido del entonces interventor José César Díaz. Según consta en la Escritura N° 3, un acta de constatación, Díaz expuso que el 23 de enero terminaba su cargo y solicitó que se dejara constancia de los documentos que exhibía, que quedaron agregados en copias certificadas. El acto terminó a las 21. La carátula tiene una constancia manuscrita de recepción fechada el 23 de enero, con la firma de Guillermo Norry, a quien el gobernador Osvaldo Jaldo designó ese mes como nuevo interventor.

Esa vez, Díaz presentó un informe de flujo con resumen ejecutivo al 22 de enero de 2026, elaborado por la Gerencia Financiera. También, los estados contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, con el informe del auditor externo.

El informe de flujo, firmado por el gerente general interino Pablo Díaz Sanche, registra un saldo final de $20.650,3 millones. El saldo de inicio era de $21.046,6 millones, con una variación negativa de $396,2 millones.

Del saldo final, $16.309,2 millones estaban en inversiones, el 79%. El tesoro sumaba $3.263 millones (16%); los cajeros automáticos, $644,2 millones (3%), y las cuentas bancarias, $433,7 millones (2%). El efectivo del tesoro se repartía así: $1.758,6 millones en la Casa Central, $1.398 millones en las delegaciones y $104,9 millones en las sucursales. A eso se agregaban montos menores correspondientes a ART y Seguros.

El destino de los fondos

Es decir que, al momento de la entrega, aproximadamente ocho de cada 10 pesos del saldo informado estaban dentro de la cartera de inversiones.

El propio informe permite reconstruir esa cartera. Entre las posiciones aparece un fondo común de inversión de Macro Pionero Pesos Plus, correspondiente al área institucional, por $5.382,9 millones, la mayor colocación individual del listado.

También figuran otros fondos comunes de inversión: Balanz Equity Clase A, por $544,4 millones; Consultatio FCI Pyme Clase B, por $234,5 millones; otro fondo Macro Pionero Pesos Plus, por $350,2 millones; Galicia Fima Ahorro Pesos B, por $325 millones; Galicia Fima Pymes B, por $801,6 millones; y fondos administrados a través de Facimex, entre ellos Argenfund Pyme Clase B, por $342,3 millones, y Argenfund Liquidez Clase B, por $11,4 millones.

La cartera también incluía títulos públicos y otros instrumentos financieros. El detalle registra GD35 por $331,6 millones y GD41 por $334,1 millones, además de posiciones en S27F6 por $2.000 millones, T30E6 por $1.083,2 millones, S3006 por $1.024,2 millones, S31G6 por $1.026,6 millones, S29Y6 por $1.012,7 millones y T13F6 por $1.503,7 millones.

La suma de esas posiciones coincide con los aproximadamente $16.309 millones que el informe identifica como inversiones.

El Anexo I de los estados contables permite comparar esa cartera con la del 30 de junio de 2025. A esa fecha, las inversiones corrientes sumaban $14.160 millones, en moneda homogénea: $3.221 millones en plazos fijos, $3.586 millones en títulos emitidos en serie, $7.213 millones en fondos comunes, $320.394 en acciones de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán y $138 millones en inmuebles. Entre los títulos se destacaban $3.578 millones en Bonos Consadep, asignados al departamento Comercial. Con caja y bancos, $4.186 millones, los fondos disponibles e invertidos llegaban a unos $18.347 millones. En el listado de enero no aparecen plazos fijos ni Bonos Consadep. Los fondos comunes seguían en torno a los $8.000 millones nominales, y el peso principal pasó a las letras y bonos capitalizables del Tesoro nacional, que en junio no figuraban en esa magnitud.

Los estados contables ubican esas colocaciones dentro de una estructura mayor. El activo total era de $194.547 millones al cierre del ejercicio, y el 63,6% correspondía a bienes de uso, casi todo inmuebles valuados según una tasación de 2019 reexpresada por inflación. El activo corriente, de $48.398 millones, cubría 1,21 veces el pasivo corriente, frente a 1,06 un año antes. Del lado del pasivo, la partida principal son los Certificados de Imposición Nominativa residuales, unos $107.000 millones entre corriente y no corriente, cerca del 65% del total. La Nota 16 explica que desde este ejercicio se clasifican con un criterio estadístico: 10% como corriente y 90% como no corriente, porque en la práctica se renuevan de manera habitual.

El estado de flujo de efectivo muestra que la operatoria generó fondos. Las actividades operativas dejaron un saldo positivo de $2.438 millones. Las cobranzas netas de seguros sumaron $48.522 millones y las de apuestas y premios en juegos, $30.404 millones. Los fondos de caja y bancos pasaron de $2.895 millones a $4.186 millones durante el ejercicio, un aumento de $1.290 millones. En el estado de resultados, los ingresos crecieron 16,5% en términos reales, hasta $303.940 millones, mientras que las remuneraciones bajaron 9,5% y los gastos de administración y comercialización, alrededor de 12,7% cada uno. El sector Seguros aportó el 66% de la contribución bruta de la entidad.

El resultado final del ejercicio fue una pérdida de $21.672.873.262, frente a $8.791.470.484 el año anterior, y el patrimonio neto bajó de $50.654 millones a $28.777 millones. La mayor parte de esa diferencia se explica por los resultados financieros y por tenencia, que incluyen el RECPAM. En 2024 habían dejado una ganancia de $27.360 millones y en 2025 una pérdida de $759 millones, una diferencia de $28.119 millones. El auditor externo, el estudio Concilio & Sarralde, firmó su informe el 5 de enero de 2026 con opinión con salvedades. Objetó la falta de un sistema integrado de cuentas interdepartamentales entre la Casa Central, las delegaciones y las sucursales, y señaló que esas cuentas están parcialmente conciliadas.

Las notas registran además varios temas pendientes: un saldo de $673,9 millones a favor del Siprosa, el aporte al Fondo Provincial del Deporte no depositado y cubierto con una previsión de $106,8 millones, y el Fondo de Reserva para Juegos en cero. La Nota 19 describe fraudes con siniestros de covid en PopulART, que derivaron en una querella penal impulsada por el propio Díaz, y egresos de alrededor de $2.210 millones imputables a un fondo fiduciario que ya está agotado.

Este jueves,Tendencia de Noticias publicó el análisis de la Cuenta de Inversión 2025 del Tribunal de Cuentas, Acuerdo N° 3.482/2026, centrado en la pérdida del ejercicio y en las objeciones a la ejecución presupuestaria. La documentación aportada por Díaz tras la entrega de la CPA coincide en la cifra del rojo, en la deuda con el Siprosa, en el Fondo del Deporte y en la reserva de Juegos. Pero agrega la posición financiera concreta de la entidad al momento del traspaso, con el detalle de dónde estaban colocados los fondos y a través de qué operadores. Los dos documentos también miran fechas distintas. El Tribunal de Cuentas evaluó la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2025; el acta de Díaz fija la situación al 22 de enero de 2026.

Así, la documentación muestra una entidad con más de $20.000 millones disponibles, colocados en su mayoría en deuda del Tesoro nacional y en fondos de liquidez, con una porción menor en fondos pyme. Dos tercios de las colocaciones pertenecen al departamento ART, cuyos fondos respaldan compromisos con asegurados y siniestros, y del lado del pasivo pesan los certificados de ahorro.

Otro dato es que la Nota 22 de los estados contables informa que la Caja había creado una Sociedad Anónima Unipersonal para canalizar las actividades alcanzadas por la regulación del Banco Central y avanzar en el desarrollo de una billetera virtual, proceso que quedó trunco tras la asunción de Norry, que se desprendió del asesoramiento del estudio Sarava Frías, que llevaba adelante esas gestiones ante el BCRA. Como contrapartida, el Gobierno ahora impulsa un proyecto de creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. en la Legislatura.