La oposición presiona en la Legislatura para avanzar con el pedido de intervención a Graneros

Un grupo de diez legisladores opositores formalizó este miércoles un pedido para acelerar en la Legislatura de Tucumán el tratamiento del proyecto que propone la intervención del municipio de Graneros, luego de los hechos denunciados durante el último fin de semana en esa localidad.

La presentación fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, y solicita el “urgente tratamiento y dictamen” del expediente 350-PL-26. La nota fue fechada el 22 de septiembre e ingresó formalmente por Mesa de Entradas de la Legislatura este miércoles 23.

El planteo lleva las firmas de Claudio Viña, Walter Berarducci, José Manuel Cano, Eduardo Verón Guerra, José Macome, Raquel Nievas, Ricardo Bussi, José Nicolás Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri, quienes pretenden que la iniciativa avance en comisión y quede en condiciones de llegar al recinto.

El proyecto de intervención fue presentado originalmente por el legislador José Macome, de La Libertad Avanza, luego de los incidentes ocurridos el sábado 19 de septiembre durante una recorrida por Graneros del diputado nacional libertario Gerardo Huesen y miembros de su equipo.

Huesen denunció ante la Policía que un grupo de personas interceptó a la comitiva, bloqueó los vehículos, profirió insultos y amenazas de muerte y que posteriormente dos de sus colaboradores fueron agredidos. El diputado atribuyó la participación en los episodios a personas que vinculó con la administración de la intendenta peronista Raquel Graneros. Desde el municipio, en cambio, rechazaron esa vinculación y negaron que las personas involucradas fueran empleados de la administración local.

La disputa tuvo luego continuidad judicial. Huesen anunció la ampliación de la presentación para aportar nombres y otros elementos destinados a determinar eventuales responsabilidades por los episodios denunciados.

Fue a partir de esos acontecimientos que Macome impulsó el proyecto para intervenir el municipio. La iniciativa recibió el respaldo de otros nueve legisladores opositores y abrió la discusión acerca de si la situación denunciada reúne los presupuestos constitucionales necesarios para adoptar una medida de esa naturaleza.

El reclamo para que el proyecto llegue al recinto

En el nuevo escrito presentado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diez parlamentarios consideraron que el expediente requiere una resolución inmediata para evitar que vuelvan a producirse los episodios denunciados.

“Entendemos que el mismo, referido al pedido de intervención del municipio de Graneros, conlleva una necesidad de inminente resolución, para evitar que en dicha localidad vuelvan a repetirse los hechos denunciados e incluidos en los considerandos”, sostuvieron.

Según expresaron los firmantes, esos acontecimientos “lesionan acabadamente la convivencia democrática y la institucionalidad en la provincia”.

La presentación no exige que la comisión necesariamente emita un dictamen favorable a la intervención. El objetivo planteado es que el expediente sea tratado y pueda quedar habilitado para su discusión en el recinto, aun cuando existan posiciones contrapuestas entre los integrantes de la comisión.

“Respetamos la posición y la interpretación individual que pudiera tener cada integrante de la comisión que Ud. preside, pero, con aprobación o con disenso, solicitamos enérgicamente que el proyecto mencionado esté en condiciones de incluirse en el temario de la próxima sesión parlamentaria”, señalaron.

Los legisladores insistieron en que, según su evaluación, la situación que dio origen al proyecto continúa vigente. “Los hechos denunciados, detallados en el expediente, no han cesado y todo indica que podrían agravarse en el futuro”, afirmaron.

La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, otro antecedente

El conflicto institucional se desarrolla además en momentos en que la intendenta Raquel Graneros enfrenta una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, presentada en junio ante la Justicia provincial.

La presentación fue realizada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el abogado Luis Díaz Augier, quienes solicitaron que se investigara el origen de los fondos presuntamente utilizados para adquirir propiedades en un country de Yerba Buena. La defensa de Graneros rechazó las acusaciones y negó que el inmueble señalado perteneciera a la intendenta.

La existencia de esa denuncia tuvo incluso repercusión en el Poder Ejecutivo provincial. En junio, el gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo públicamente que no debía prejuzgarse a la intendenta, pero señaló que debía ponerse a disposición de la Justicia y responder los requerimientos que eventualmente formularan fiscales o jueces.

Macome señaló esta semana que ese expediente judicial también forma parte del contexto utilizado por los impulsores para fundamentar políticamente el pedido de intervención.

El artículo 139, eje del planteo

En la nota dirigida a Asuntos Constitucionales, los opositores fundamentaron la posibilidad de una intervención en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán.

El escrito reproduce el tramo de la norma que establece que, ante casos de “acefalía total o grave desorden institucional” que pongan en riesgo la forma republicana de gobierno, los municipios pueden ser intervenidos mediante una ley sancionada por el Poder Legislativo. La misma disposición establece que la medida debe procurar hacer cesar las causas que la motivaron y restablecer el orden institucional y político.

Con esos argumentos, los diez legisladores reclamaron una “urgente resolución” de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El próximo paso dependerá ahora del trámite que se otorgue al expediente en ese ámbito: la pretensión de los firmantes es que, independientemente de las posiciones a favor o en contra de la intervención, el proyecto obtenga tratamiento y quede en condiciones de ser discutido en una próxima sesión de la Legislatura.