Exautoridades de la comuna de San Pablo deben devolver más de $ 15 millones por no rendir cuentas

El Tribunal de Cuentas de la Tucumán (TC) declaró culpables y resolvió formular un cargo fiscal por $15.120.351,49 contra el excomisionado comunal de San Pablo y Villa Nougués, Daniel Fernando Castro, y el secretario habilitado Miguel Antonio Fernández, por irregularidades en la rendición de gastos correspondientes al segundo bimestre de 2018.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo N° 295, fechado el pasado 19 de febrero de 2026, en el marco del juicio de cuentas iniciado por la falta de regularización del Comprobante de Observación N° 221, vinculado a erogaciones por más de $4,8 millones originalmente observadas y posteriormente actualizadas.

En su resolución, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el organismo declaró la responsabilidad patrimonial de Castro, hoy funcionario del Ministerio del Interior, y de Fernández, en forma mancomunada y solidaria, al considerar que el gasto cuestionado fue ejecutado durante la gestión de ambos, entre 2015 y 2019.

En tanto, en el mismo expediente, el TC sobreseyó al también exdelegado comunal, Sergio Luis Castro, quien actualmente se desempeña como director de Grandes Comunas de la Provincial, al determinar que el período observado no correspondía a su administración.

El proceso incluyó instancias de rendición parcial de cuentas y presentaciones documentales por parte de los inculpados, aunque los informes técnicos del área de Rendición de Cuentas señalaron que las observaciones no fueron completamente subsanadas. Según los dictámenes incorporados al expediente, el cargo fiscal inicial de $2,8 millones fue actualizado a más de $15 millones al 12 de diciembre de 2025.

El Tribunal también dispuso dar intervención al Departamento Judicial para que la abogada fiscal proceda al cobro y, en su caso, a la ejecución del cargo fiscal impuesto, el cual deberá ser actualizado al momento de su efectivo pago.

Con esta resolución, el organismo de control dio por clausurado el juicio de cuentas iniciado en 2023, por lo que ordenó la comunicación de lo actuado y el archivo de las actuaciones una vez cumplidas las medidas dispuestas.